En sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, presidida por el congresista Elvis Vergara Mendoza (AP), el ministro de Defensa, Walter Astudillo, expuso sobre las acciones desplegadas en el marco del estado de emergencia en la provincia de Pataz (La Libertad), con el objetivo de enfrentar la minería ilegal y el crimen organizado en la zona. El ministro detalló tanto los logros como las limitaciones que afronta el Ejecutivo en esta materia.

Al respecto, la congresista Ariana Orué Medina (PP) consultó sobre las coordinaciones con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para identificar a cabecillas de organizaciones criminales en Pataz y alrededores. Recordó que, pese a la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como factor disuasivo, el 1 de septiembre, medios de comunicación reportaron la toma de la mina Francés,  por lo que exigió precisar qué acciones concretas se adoptaron.

Por su parte, el legislador Carlos Alva Rojas (AP) advirtió que Pataz no debe convertirse en un nuevo Vraem y demandó mayor firmeza en la lucha contra la minería ilegal, la contaminación ambiental y las mafias vinculadas. Señaló que, aunque se han realizado intervenciones, aún no se evidencia un impacto sostenido, pues pequeñas mineras se han convertido en grandes operaciones informales que incluso generan enfrentamientos violentos.

También instó a promover el desarrollo provincial mediante la minería responsable, así como agilizar la formalización de quienes buscan adecuarse a la ley y a sincerar la recaudación tributaria que corresponde por la explotación del oro.

A su turno, la congresista Margot Palacios subrayó que la inseguridad en Pataz forma parte de un fenómeno nacional que ya constituye un problema de seguridad interna. Cuestionó que, si bien el ministro informó sobre la desarticulación de bandas criminales e incautación de armas y explosivos, aún no se observa una estrategia clara que garantice seguridad a la población.

Recalcó que el Ejecutivo debe implementar un plan de acción multisectorial que no debilite las funciones de otras instituciones y que asegure resultados concretos en la pacificación del territorio.

En respuesta, el ministro Astudillo reiteró que el Gobierno continuará desplegando operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, además de acciones de inteligencia e interdicción, para proteger a Pataz y a las demás regiones donde la minería ilegal y el crimen organizado intentan consolidarse.

Citación a ministro
Asimismo, la comisión aprobó por unanimidad (16 votos) citar al ministro de Transporte y Comunicaciones para que brinde información respecto al incumplimiento de pago en el proyecto de Banda Ancha, tras un pedido del congresista Jorge Luis Flores Ancachi (APP).

Sustentación
La congresista Isabel Cortez Aguirre (PP) sustentó el Proyecto de Ley 10778, que propone trasladar al personal de la Contraloría General de la República contratado bajo el régimen CAS (Decreto Legislativo 1057) al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Explicó que la iniciativa busca reivindicar los derechos de cientos de trabajadores, quienes actualmente enfrentan inestabilidad, discriminación y falta de línea de carrera debido al régimen CAS, creado en 2008. Cortez señaló que este sistema, lejos de mejorar las condiciones laborales en el sector público, ha perpetuado la precariedad y el desorden administrativo.

El congresista Juan Burgos Oliveros (PP) sustentó el Proyecto de Ley 10868, que propone incorporar al personal CAS indeterminado de la Contraloría General de la República al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Explicó que la iniciativa responde a la desigualdad y discriminación laboral generada por el régimen CAS (DL 1057), que afecta a cerca de 400 mil trabajadores a nivel nacional, incluyendo aquellos con más de 7 años de servicio que, según el Tribunal Constitucional (2021), adquirieron la condición de indeterminados. Pese a ello, la Contraloría habría ejecutado ceses ilegales, desconociendo resoluciones favorables de Servir.

La propuesta establece que el traslado al régimen 728 se realice de manera progresiva en un plazo de tres años, y que el reglamento se apruebe en un máximo de 60 días hábiles, garantizando así la aplicación del derecho constitucional de igualdad en el trabajo.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL