Congresistas de diversas bancadas que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, coincidieron en solicitar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) transparentar los gastos de esa entidad con el propósito de garantizar que el presupuesto que se les asigna cada año sea bien utilizado.

Fue el miércoles 14 luego de la presentación ante ese grupo de trabajo del presidente del organismo electoral, Jorge Salas Arenas, quien señaló que para el año 2023 su entidad no ha tenido asignación presupuestal por la fuente de recursos directamente recaudados.

En razón a ello, el parlamentario Alejandro Aguinaga Recuenco (FP) consideró que existe una contradicción entre lo que solicita y lo que ha ejecutado. Detalló que en bienes y servicios se asignó 167 millones y hasta la fecha solo ha ejecutado el 49 %.

Dijo que no se puede estar solicitando para la contratación de locadores de servicios cuando solo ha ejecutado el 32 %. “Hay una serie de contradicciones entre ejecución y pedir más profesionales cuando se tiene los fondos para hacerlo. Hay una pésima ejecución”, sostuvo.

La congresista Margot Palacios Huamán (PL) refirió que el pedido de mayor presupuesto debió ir acompañado a la par con dar cuenta de cuánto personal se va a contratar, qué empresas consultoras son las que participarán a fin de transparentar los gastos que significa un incremento del erario nacional.

La legisladora Magaly Ruiz Rodríguez (APP) demandó que, en el marco presupuestal 2022, se explique qué actividades ha tenido en cuenta a efecto de garantizar la transparencia de los resultados de las elecciones regionales y municipales en el 2022.

Asimismo, se informe qué actividades se ha consignado en el presupuesto 2023 a efectos de garantizar la formalidad de los aportantes a las actividades proselitistas y así evitar el mal uso del financiamiento público directo, los aportantes ilegales y el falseamiento de la información.

En tanto, el titular del JNE explicó que todos los gastos están sujetos al control concurrente de la Contraloría General de la República, que no se ha gastado indebidamente ni se ha hecho un procedimiento inadecuado.

Refirió que su entidad tiene el 49 % de la ejecución en bienes y servicios ciertamente, de los cuales el 32 % se encuentra dentro del rubro de servicios técnicos y se tiene pendiente la contratación de 15 mil fiscalizadores para las elecciones regionales y municipales a realizarse el próximo mes.

Seguidamente, hizo su presentación Piero Corvetto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien afirmó que para el año 2023 se ha asignado un 36 % menos de lo solicitado.

Dijo que no se asignado recursos para el 2023 para financiar proyectos relacionados con infraestructura y tecnología dirigidos a mejorar la calidad de los servicios.

No obstante, detalló que la ejecución del presupuesto de la ONPE, en el 2021, alcanzó el 91 % y se proyecta que al cierre de este año la ejecución sea de 97 %.

DERECHO A LA IDENTIDAD

Posteriormente hizo su presentación Carmen Velarde Koechlin, titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) quien refirió que la asignación para el año 2023 no incluye el financiamiento para todas las acciones de gratuidad que realiza esa entidad.

“Solo el artículo 27 del proyecto de Ley de Presupuesto del próximo año establece incentivos presupuestales por S/ 10 millones a favor del Reniec para atender únicamente a menores de 0 a 3 años de edad”, refirió.

Detalló que entre las restricciones y limitaciones contenidas en la propuesta legal están que, a partir del 2023, el Reniec perderá autonomía en el manejo de recursos directamente recaudados, los recursos pasarán al tesoro público, quitando la posibilidad de contar con saldos de balance que permitan financiar encargos de gestión y otros imprevistos.

“Es imprescindible contar con opciones que permitan tener flexibilidad para orientar recursos a la reducción de brechas y atención de las demandas por servicios de los ciudadanos”, manifestó.
Al respecto, el congresista José Arriola Tueros (AP) demandó a la comisión brindar un presupuesto justo a esa institución para garantizar que familias que se encuentran en extrema pobreza no estén asumiendo gastos que los perjudiquen.

Explicó que la pobreza en nuestro país a raíz de la pandemia de coronavirus se ha incrementado y ello va a dificultar que mucha gente, en este proceso electoral a desarrollarse en octubre, no acuda a su lugar de origen para emitir un voto.

“Hay muchas personas que no van a viajar porque los pasajes suben. La gente vive del día a día y encima se les va aplicar una multa. Los tiempos cambian y no se puede ser frívolos con tantos hermanos peruanos que la están pasando mal”, precisó.

Finalmente, hizo su presentación Luis Vera Castillo, titular de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

OFICINA DE COMUNICACIONES