Durante presentación de titular del Midis en Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad
Congresistas coinciden en solicitar que programas sociales atiendan a poblaciones vulnerables
Centro de Noticias del Congreso
04 Nov 2025 | 12:14 h
Mejorar los programas sociales del Midis, fortalecer la cobertura y el presupuesto de programas como Pensión 65, Contigo y Juntos, así como priorizar una articulación sectorial y sincerar los padrones de los beneficiarios fueron las recomendaciones expuestas por congresistas de diversas bancadas.
Fue durante la reunión de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que preside el legislador José Arriola Tueros (Podemos), donde se presentó ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica Seguil, para informar sobre los lineamientos de su política a implementar en el corto y mediano plazo para reducir las inequidades y brechas sociales existentes en beneficio de la población vulnerable de nuestro país.
Durante su intervención la titular del MIDIS, refirió que la nueva gestión del gobierno transitorio se centra en fortalecer los programas sociales existentes, impulsar la autonomía de grupos vulnerables y mejorar la supervisión de los servicios.
Dijo que se enfocará en la reforma de la alimentación escolar, el aumento del presupuesto para comedores y ollas comunes, y la continuación de programas sociales como Cuna Más y Pensión 65, entre otras gestiones de orden institucional y de gestión social. También anunció que se realizarán intensos mecanismos de supervisión para nuevo proceso de compras de alimentos 2026.
“Habrá una inversión de S/224 millones destinados a fortalecer el desarrollo económico de más de 36 mil hogares rurales en 20 regiones del país. El lanzamiento de los 91 proyectos productivos Haku Wiñay / Noa Jayatai, gestionados por el programa Foncodes, sería el despliegue territorial de la nueva administración”, refirió.
Al respecto, el congresista Luis Kamiche Morante (APP) saludó la presencia de la titular del MIDIS, señalando que la actual gestión debe trabajar de cara a la realidad social y económica del país, priorizando y mejorando su labor como tal.
Magaly Ruiz Rodríguez (APP) señaló la necesidad de priorizar una labor sostenida para los sectores más vulnerables del país.
“Los programas sociales no pueden quedarse en planes bonitos ni tampoco solo en Lima, tiene que caminar a cada comunidad de nuestro país. De igual forma, atender con prioridad los programas escolares con una adecuada supervisión”, consideró.
José Arriola manifestó que la comisión que preside apoyará la nueva gestión del MIDIS, y del gobierno de transición para garantizar la asistencia adecuada a los usuarios de los diversos programas sociales en estado de vulnerabilidad.
También señaló que se debería ir trabajando para disminuir el asistencialismo y proponer otras alternativas. Sobre las becas a estudiantes, dijo que se debe priorizar a los colegios estatales.
“Vamos a dar nuestro apoyo, pero también es necesario que se revise el padrón de beneficiarios y llegue los programas realmente a quienes sí les corresponde. Es urgente y necesario actualizar y sistematizar los padrones en este caso por justicia y equidad, hay miles de personas postradas que requieren apoyo real”, consideró Arriola Tueros.
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES
En otro momento, se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 10912/2024-CR, Ley que establece el Sistema de Alerta y Gestión de Riesgos para fortalecer la calidad y oportunidad de los programas sociales alimentarios.
La iniciativa de ley tiene como objeto fortalecer los programas sociales alimentarios implementados por el Estado, a fin de contribuir de manera óptima a la salud y calidad de vida de la población, en especial a la población infantil.
De igual forma, el sector responsable del programa de alimentación deberá implementar un sistema de vigilancia, el cual emitirá reportes y alertas sobre eventos adversos producto del suministro de alimentos a la población objetivo, sean estos entregados de manera directa o producto de la elaboración de estos.
También se establece que la obligación de reportar recae en los fabricantes o comercializadores, así como en el personal responsable de su distribución y suministro. Esta obligación también alcanza al personal encargado de la preparación de los productos. La información de cada evento adverso tendrá carácter confidencial, entre otras directivas para este caso.
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