Dos de los seis congresistas de Acción Popular incursos en la Denuncia Constitucional (DC) 300, Ilich López Ureña y Juan Carlos Mori Celis, presentaron sus descargos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SCAC), coincidiendo en que la acusación de la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) tiene imprecisiones, carece de medios probatorios y debe archivarse.

Como se recuerda, el último lunes hicieron lo propio los congresistas Raúl Doroteo Carbajo, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas y Elvis Vergara Mendoza, integrantes de la bancada acciopopulista, acusados de presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución; y de la comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias.

A la vigésima sesión extraordinaria concurrieron también congresistas en calidad de testigos convocados por los legisladores acusados, quienes en su mayoría dijeron no haber sido testigos de alguna conversación con apuntes ilegales o que incluyan beneficios personales o de terceros.

El primero en sustentar sus descargos fue el congresista López Ureña, quien sostuvo que las acusaciones de Chirinos Venegas son inconsistentes y no cuenta con medios probatorios, y solo están basadas en artículos periodísticos de diarios locales.

Señaló que el hecho de que se registren sus ingresos a Palacio de Gobierno no es indicativo de que haya cometido actos ilegales, y aclaró que estas visitas no fueron clandestinas, sino públicas, siempre acompañadas de otros parlamentarios o de funcionarios.

López Ureña aseguró que sus votos emitidos a favor de la confianza del gabinete ministerial o de censura, como en los casos de los ministros de Educación y de Salud, fueron de conciencia.

Refirió que el artículo 93 de la Constitución Política establece que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo. «No existe prueba alguna de que haya hipotecado mi voto por un beneficio del gobierno o de alguna instancia pública», expresó, tras pedir el archivamiento de su caso.

Por su lado, el congresista Mori Celis, sostuvo que nunca recibió prebendas ni beneficios personales o para terceros por parte del Poder Ejecutivo a cambio de su voto. Asimismo, que no se reunió con el exmandatario Pedro Castillo para tratar sobre la vacancia y que desconoce las empresas con las que se trataban algunas obras. Pidió que el proceso sea declarado improcedente y archivado.

Añadió que los únicos medios probatorios de la DC 300 son sus visitas al Palacio de Gobierno y ministerios de Vivienda y Energía y Minas, las que se realizaron en ejercicio de su actividad parlamentaria y como parte de su gestión.

Los testigos

Convocados por los congresistas acusados concurrieron en calidad de testigos algunos parlamentarios, los que fueron juramentados.

En esa condición se presentaron los congresistas Wilson Soto Palacios (AP); Waldemar Cerrón Rojas (PL), Elías Varas Meléndez (PB), Oscar Zea Choquechambi (NA); Luis Aragón Carreño (AP), Kelly Portalatino Ávalos (PL) y Katy Ugarte Mamani (BMCN).

Esta última parlamentaria manifestó su extrañeza por haber sido convocado, cuando ella –aseguró- no concurrió a ninguna reunión el 2 de febrero del 2022 en Palacio de Gobierno.

Los testigos indicaron, en forma coincidente, que concurrieron a la sede del Ejecutivo en cumplimiento de sus deberes legislativos y que no observaron actitudes y actos que contravinieran la legalidad.

La presidenta de la subcomisión, Lady Camones Soriano (APP), anunció que este miércoles 1 de febrero continuará la sesión a las 08:00 horas.

Lima, 31 de enero de 2023

PRENSA-CONGRESO