Congresistas de diversas bancadas expresaron su preocupación por la situación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) durante la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el legislador Elvis Vergara Mendoza (AP). La reunión contó con la presencia de Hernán Yaipén Aréstegui, jefe de esa entidad, quien expuso el informe sobre la solicitud de una demanda adicional de S/ 4 389 millones para el año fiscal 2025.

El debate giró en torno a la paralización de más de 150 obras a nivel nacional, la falta de transferencia presupuestal y la débil gestión de proyectos, lo que pone en riesgo la seguridad de miles de ciudadanos y la continuidad de servicios básicos e infraestructura prioritaria.

El congresista Héctor Acuña Peralta (HyD) sostuvo que la información entregada por la ANIN debe ser más completa y precisa, especificando monto inicial, monto actualizado y monto final de cada una de las 54 obras heredadas de la Reconstrucción con Cambios. Señaló que algunos contratos han llegado a superar incrementos del 200 % o 300 % en sus presupuestos, cuando la Ley de Contrataciones fija un tope del 15 %.

En esa misma línea, la congresista Elizabeth Medina Hermosilla (SP) pidió conocer con detalle cuáles serán los proyectos a financiar con la demanda adicional, qué plazos de culminación se esperan, qué medidas de transparencia se adoptarán y cómo se garantizará que estos recursos contribuyan efectivamente a cerrar brechas de infraestructura.

Por su parte, la legisladora Magally Santisteban Súclupe (FP) lamentó la ausencia del ministro de Economía y Finanzas, y del contralor general, y advirtió que “la situación presupuestal de la ANIN pone en riesgo proyectos vitales en regiones como Tumbes, donde miles de agricultores exigen defensas ribereñas y obras de prevención”. Propuso instalar una mesa técnica con el MEF, la ANIN, la ANA y la Contraloría para asegurar financiamiento y acelerar la ejecución de proyectos urgentes.

Desde el departamento de Apurímac, la congresista Elizabeth Taipe Coronado (PL) expresó su preocupación por la falta de proyectos concretos en su región. Mencionó obras largamente esperadas como el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur y 23 establecimientos de salud priorizados, e instó a la ANIN a brindar información clara sobre su estado.

En tanbto, la legisladora Norma Yarrow Lumbreras (RP) alertó que en Lambayeque hay siete proyectos paralizados, incluidos drenajes pluviales y defensas ribereñas en las cuencas de los ríos Saña, Chancay, La Leche, Olmos y Motupe. “Estamos a puertas de la temporada de lluvias, con 50 mil hectáreas de cultivos en riesgo de inundación. Esto no es solo burocracia, estamos hablando de vidas humanas”, advirtió.

El congresista Carlos Zeballos Madariaga (BDP) preguntó si la ANIN ya implementó la Oficina de Gestión de Proyectos que exige la ley y quién la dirige. Además, solicitó que se informe sobre la evaluación de los contratos heredados de la Reconstrucción con Cambios y cuestionó la falta de articulación con el Ministerio de Economía, recordando que la ANIN se entera de nuevos recursos por los medios de comunicación, y no de manera oficial.

La congresista Ariana Orué Medina (PP) pidió precisar si la ANIN ha evaluado declararse en situación de emergencia ante la magnitud de los problemas. También consultó por las causas del pedido de demanda adicional, el porcentaje destinado a proyectos y las alternativas de financiamiento para garantizar la continuidad de los proyectos.

La legisladora Patricia Chirinos Venegas (RP) cuestionó los sobrecostos en obras heredadas como la defensa ribereña de la quebrada Kansas, cuyos montos se han incrementado en más del 90 %. Preguntó, además, cuántos proyectos de la cartera están actualmente paralizados o en riesgo de paralización.

El grupo de trabajo también eligió, con 16 votos a favor (por unanimidad), a la congresista Ariana Orué Medina como secretaria para el Periodo Anual de Sesiones 2025 – 2026.

SUSTENTACIÓN

La congresista Lady Camones Soriano (APP) sustentó el Proyecto de Ley 10592/2024, que propone modificar la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, con el objetivo de asegurar la correcta ejecución de los proyectos de inversión en el país.

En su exposición, precisó que la propuesta busca garantizar que los contratos se cumplan, que las obras se concluyan y que cada sol del Estado se traduzca en bienestar real para la ciudadanía.
“No más excusas, no más arbitrajes millonarios por fallas que pudieron corregirse a tiempo. Si queremos resultados concretos, debemos empezar por cerrar los vacíos legales que permiten estos abusos y retrasos”, afirmó.

Por su parte, el congresista Héctor Acuña Peralta (HD) sustentó el Proyecto de Ley 03782/2022, que modifica el Decreto Ley 25650 a fin de establecer criterios de idoneidad y probidad en la contratación de funcionarios a través del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público – FAG.

Explicó que la iniciativa busca establecer requisitos mínimos y criterios claros que aseguren que los profesionales contratados por este mecanismo sean altamente calificados.

“Se trata de garantizar que el gasto público en estos recursos se traduzca en eficiencia, en una gestión moderna y en resultados que beneficien al país”, enfatizó.

A su turno, el congresista Carlos Zeballos Madariaga (BDP), coautor de la propuesta, consideró fundamental que este proyecto finalmente sea debatido y aprobado, recordando que el FAG fue creado con la finalidad de incorporar profesionales altamente calificados al Estado, pero que en la actualidad “se ha desvirtuado de ese propósito inicial”.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL