El Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría (84 a favor, 18 en contra y 6 abstenciones) el informe de la Comisión de Ética que inicialmente propuso una sanción de 120 días a la congresista Yesenia Ponce Villarreal, por una amonestación escrita pública.

            La decisión se tomó luego de que los congresistas que intervinieron en el debate señalaron que la sanción impuesta en primer término era excesiva y hasta desproporcionada.

            Este fue el segundo informe que vio esta tarde el Pleno del Congreso. Yesenia Ponce fue acusada de adoptar una actitud prepotente e intransigente durante una sesión del consejo regional de Áncash, el 10 de octubre de 2016 y de haber violado los artículos 1 y 2 del Código de Ètica Parlamentaria.

            La sustentación del informe estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Segundo Tapia, quien hizo una breve referencia sobre el incidente, es decir, Ponce adoptó una intromisión innecesaria en la sesión del consejo cuestionando la actitud  del consejero Luis Gamarra.

            En ese día, estaba en debate el acuerdo regional por la cual se hacía efectiva una transferencia de 1,041 hectáreas para el desarrollo del proyecto Chinecas. Sin embargo, la congresista –según Tapia Bernal- dijo (exhibiéndose un vídeo de dicha sesión) actuó en forma intransigente y no respetó la autonomía de poderes.

            Ponce Villarreal, en su intervención, arrebató la moción de la mesa y expresó que el pedido ya había sido votado en la sesión anterior.

            El presidente de la comisión informó  que ella nunca asistió a la audiencia única –el 30 de enero de este año- para realizar sus descargos.

            En su defensa, la congresista sostuvo que nunca fue irresponsable, que cumplió con sus funciones a cabalidad y que cometió ese error “porque nunca ha tenido experiencia política”. Desmintió que haya tenido actitudes prepotentes y que su presencia se debió a una invitación que le llegó a su despacho como congresista representante de Áncash.

            Sobre su ausencia a la audiencia explicó al Pleno que estuvo de comisión de servicio fuera de Lima, pero fue error no haber puesto en consideración las prioridades.

            Posteriormente intervinieron los congresistas Luis Galarreta (FP), Carlos Bruce (Ppk), y Héctor Becerril (FP). El primero de ellos afirmó que la acción de su colega Yesenia Ponce no infringe el Código de Ética, que las intervenciones, como el de ella, responde en muchos casos al temperamento de las personas, y en el caso de la congresista se trata de “una mujer aguerrida” y decir que intervención ha generado un cambio en la votación no es posible.

            Dijo más adelante que se debería tener en cuenta la proporcionalidad de los hechos con la sanción, y que los congresistas no pueden de asistir a una actividad de control político. Remarcó que no era un acto que haya violentado el Código de Ética.

            Por su parte, Bruce Montes de Oca dijo que estaba “desconcertado porque no sabía por qué se está viendo ese caso”. Opinó que esa decisión se estaba mellando la autoridad de los congresistas y que 120 días de sanción era un “despropósito”. Anunció que su bancada votaría en contra.

           Becerril dijo que discrepaba con la decisión sancionadora porque no había delito en la acción de la congresista. Por su parte, Marisa Glave afirmó que también le parecía una sanción exagerada; y Benicio Ríos (APP) opinó en contra de la conclusión del informe.

Posteriormente lo hicieron los congresistas Yonhy Lescano, César Vásquez (“hay falencias y vacíos que se reflejan en la tipicidad de las sanciones”), María Elena Foronda (quien propuso como cuestión previa que retornase a comisión), Güido Lombardi (se opuso a la sanción), Eloy Narváez, Manuel Dammert y Javier Velásquez Quesquén: propuso una amonestación pública porque la sanción recomendada es desproporcionada.

PRENSA CONGRESO