El legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular), sostuvo que se debe eliminar la inimputabilidad a menores infractores de 16 años. ‘Se los debe sancionar como a cualquier adulto que delinque. Es hora de despertar sobre la realidad en la que vivimos’, dijo, durante su participación en el foro: “Estrategias para la reducción de la Criminalidad”.

En dicho evento internacional sobre reducción de la criminalidad se contó con la presencia de José Manuel Saavedra Molina, presidente de Ciudades Seguras; Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana, El Salvador; Francis Allison, alcalde de la Municipalidad Distrital de Magdalena, Lima y Luis Contreras, especialista en Seguridad Ciudadana de El Salvador.

Muñante Barrios encomió el trabajo del presidente salvadoreño Nayiv Bukele de quien recordó goza del 93% de respaldo incluso en nuestro país donde falta voluntad política para aplicar un plan similar que terminó con la violencia e inseguridad en El Salvador.

El legislador solicitó a la presidente Dina Boluarte a tomar ‘el toro por las astas’ y trazar un plan integral para vencer la inseguridad ciudadana. Asimismo hizo un llamado a todos los miembros e instituciones del país para que se involucren en dicho plan que permita devolver la tranquilidad al país de manera inmediata.

Gustavo Acevedo, Alcalde de Santa Ana, explicó el proceso por el que atravesó El Salvador para lograr resultados concretos que les permite ser hoy el país más seguro de América. Recordó asimismo, que los cuatro gobiernos anteriores al de Nayiv Bukele contabilizaron más de 100 mil muertes de ciudadanos en manos del crimen organizado; pandillas cuyos miembros estaban incrustados en las familias y sociedad e incluso en las instituciones políticas.

Una de las medidas que se tomó fue la de cambiar el Código Penal para terminar con los menores infractores, que eran tratados como ’angelitos’, pero que en la práctica eran parte del crimen organizado, utilizados por los Maras que tenían en estos menores un equipo poderoso incrustados en pandillas con casi 100 mil miembros. Los menores entregaban, recogían dinero, mataban con impunidad. el Código penal puede hoy juzgarlos con penas de hasta 40 años de cárcel a los menores infractores mayores de 12 años.

Para hacer este tipo de reformas se necesitó mucho ímpetu, gallardía, voluntad política y el involucramiento de todos los sectores de la sociedad, de las instituciones gubernamentales como municipios. Hoy El Salvador tiene 72 mil presos en la cárcel construida es profesamente para ellos constituyendo la cárcel más grande de América.

Luis Contreras Reyes, especialista en Seguridad Ciudadana se refirió al alto índice de criminalidad ejercida por los pandilleros de Los Maras, no solo en número sino en tipo de violencia que ejercieron, desmembrando a efectivos de la policía, exhibiendo sus cabezas y tomando venganza con los efectivos policías y sus respectivas familias.

En El Salvador se llegó a contabilizar 103 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Un sábado se produjeron 70 asesinatos en una noche, lo que llevó a convocar la emergencia del país con un mensaje político fuerte, se aprobó un régimen excepcional que se aplica contra el nivel de violencia instrumental, que opera con sadismo y definición de conciencia al punto de no retorno. Al paso de dos años en el gobierno hemos llegado a contabilizar 500 días sin ningún homicidio. Si no tienen la posibilidad de anticiparse a la mutación del crimen organizado no podrán neutralizar los hechos del crimen.

En El Salvador no hay dictadura, hay un andamiaje organizado con municipalidades y gobierno central que trabajan con mano dura contra la violencia. Se debe hacer un análisis del marco legal y no caer en estructuras criminales como hubo en el Salvador, advirtió.

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, se refirió a la necesidad de liderazgos claros. Apoyo decidido a la Policía Nacional, recordando que el 46% de sus vehículos están en mal estado. Destrucción de la corrupción, en todos los niveles del Estado; a los fiscales que liberan a los delincuentes no les pasa nada.

Elevar plazos para detención policial, elevar penas. Construcción de cárceles en zonas altas del país. Régimen de excepción para aplicar estrategias por la seguridad ciudadana y promover el compromiso ciudadano para desterrar la criminalidad.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL