La Comisión Permanente del Congreso sesiona esta mañana para tomar una decisión respecto del informe final sobre las denuncias constitucionales acumuladas 423 y 427, que propone la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez (10) años para el expresidente Martín Vizcarra Cornejo.

Además, recomienda la inhabilitación por ocho (8) años de la exministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler y por un (1) año de la excanciller Elizabeth Astete Rodríguez, por haber incurrido en infracción constitucional relacionado al caso “vacunagate”.

A la sesión –conducida por la congresista Mirtha Vásquez Chuqulín, presidenta a. i. del Congreso de la República– asisten de manera presencial los denunciados Vizcarra y Astete, quienes llegaron a sede del Parlamento acompañados de sus abogados para ejercer su derecho a defensa; en tanto que Mazzetti Soler hará lo propio de manera virtual.

Antes de la fundamentación del referido informe final por parte del congresista delegado Jim Mamani Barriga (NC), el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa (AP) hizo algunas precisiones al respecto.

“Se han dicho muchas cosas, presidenta, por parte de la defensa de los denunciados, principalmente del señor Martín Vizcarra Cornejo; sin embargo, el hecho mismo de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales haya tomado una posición respecto al trámite de las denuncias constitucionales marca un razonamiento al que han llegado cada uno de sus integrantes”, dijo Ochoa, al tiempo de subrayar que “esta posición es la que hoy venimos a sustentar y a defender a fin de que en el Perú nunca más se saque ventaja de una posición relevante en la estructura del Estado peruano”, concluyó el legislador.

El informe final concluye que el expresidente incurrió en infracción constitucional al artículo 2 inciso 2, así como los artículos 7, 9, 38, 39 y 118, inciso 1 de la Constitución Política del Perú. En tanto que las exminitras Mazzetti y Astete incurrieron en infracción constitucional a los artículos 38 y 39 de la constitución Política del Perú.

Sobre el denunciado Martín Vizcarra, el informe concluye que se demostró que fue beneficiado con dos (02) dosis de la candidata a vacuna contra la COVID-19 (con principio activo) de Sinopharm para protección, sin ser voluntario del ensayo clínico.

Asimismo, Mamami dijo que también se demostró que solicitó se le aplique la misma candidata a vacuna a su esposa y hermano, hechos consumados. Por ello, incurrió en infracción constitucional al artículo 2 inciso 2, así como los artículos 7, 9, 38, 39 y 118, inciso 1 de la Constitución Política del Perú.

“Analizadas las circunstancias, gravedad y otros factores relacionados a la investigación, así como superado el test de proporcionalidad (que incluye razonabilidad), se propone la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez (10) años”, dijo el legislador.

En cuanto a la sanción interpuesta a Mazzetti se tomó en cuenta –además del estado de emergencia– que diez regiones estaban en cuarentena (nivel extremo) y en plena segunda ola de la COVID-19.

“Usó vacunas candidatas destinadas a la protección de equipo del ensayo clínico, por lo que dejó sin protección a otros ciudadanos”, dijo Mamani.

Además, agregó que Mazzetti mintió al señalar que sería la última en vacunarse con la frase “el capitán es el último en abandonar el barco”, volvió a mentir (esta vez ante el Congreso) al decir que no sabía si otros funcionarios se habían vacunado, se vacunó en su domicilio para ocultar información, gestionó no sólo su vacunación, sino también de su entorno laboral y, finalmente, generó una crisis política al ocultar su irregular vacunación como verdadero motivo de su renuncia como ministra.

Para la exministra de Salud se propone la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por ocho (8) años.

El legislador Mamani dijo que la circunstancia es similar con la excanciller Elizabeth Astete, el país se encontraba en estado de emergencia y en pleno incremento de casos de coronavirus por la segunda ola.
“Usó vacunas candidatas destinadas a la protección de equipo del ensayo clínico”, dijo Mamani.

Agregó que Astete se vacunó en sede de la UPCH sin intención de ocultar vacunación; aceptó su error, su responsabilidad y pidió disculpas por sus actos; facilitó más información sobre uso de vacuna candidata, incluso mencionando la actuación de otros altos funcionarios.

“No habría solicitado vacuna, sino que aceptó ofrecimiento, a diferencia de los otros denunciados, habría tenido la anuencia del presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República para tal fin, por lo que su conducta habría sido consecuencia de ello, así como su actuar con falta de diligencia”, agregó Mamani con relación a Astete. Por lo cual se propone una sanción de inhabilitación de un (1) año para el ejercicio de la función pública.

Antes de concluir con la fundamentación del informe, Mamani Barriga se refirió a las afirmaciones del expresidente Vizcarra, donde señala que “el Congreso busca sacarlo de carrera”.

“Lo que puede hacer el Congreso, en el marco de un juicio político, es impedirle ejercer cargos públicos, es decir, evitar que personas que han hecho mal uso de su poder. Dicho en otras palabras, personas nefastas para el sistema democrático sean reinvestidas de poder en un futuro cercano”, dijo.

Agrego que, a través de este juicio político, ha quedado acreditado que el señor Vizcarra ha infringido la Constitución, que no respeta el principio de igualdad ante la ley, y que como jefe de Estado no garantizó ni facilitó acceso a servicios de salud.

“En conclusión, el señor Vizcarra es una persona peligrosa y que si ejerce el poder seguirá haciendo daño al país y a los ciudadanos”, puntualizó el legislador.

OFICINA DE COMUNICACIONES