La Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria encargada de estudiar y presentar una propuesta de reforma integral del Sistema de Administración de Justicia, presidida por la congresista Maricarmen Alva Prieto (NoA), recibió importantes aportes de representantes de partidos políticos, especialistas del derecho, y miembros de la sociedad civil.

Durante su intervención, la parlamentaria destacó que la crisis en la administración de justicia está estrechamente vinculada a la inseguridad ciudadana y que la reforma judicial debe abordarse de forma técnica, profesional y descentralizada, libre de intereses partidarios.

“A partir de agosto iniciaremos sesiones descentralizadas en el norte, centro, sur y oriente del país, para escuchar directamente a la ciudadanía y a los operadores de justicia en los departamentos del país”, anunció la legisladora.

Asimismo, recordó que en semanas anteriores se ha escuchado a los titulares de las instituciones del sistema de justicia y ahora corresponde integrar al debate a la academia, partidos políticos y colectivos ciudadanos.

Reiteró que el Grupo de Trabajo recibirá formalmente todas las propuestas con la finalidad de construir una reforma sólida y viable.

En ese sentido, durante la sesión, representantes de diversas agrupaciones políticas y especialistas hicieron llegar sus propuestas orientadas a enfrentar los problemas estructurales del sistema judicial peruano.

El congresista Arturo Alegría García, secretario nacional de Grupo Parlamentario Fuerza Popular advirtió sobre una marcada disparidad entre el número de fiscales supremos y jueces supremos, además de la falta de transparencia en la designación de personal auxiliar del sistema judicial.

Propuso la creación de un nuevo Código Procesal Civil —vigente desde 1993—, así como una transformación digital del sistema judicial, la ejecución provisional de sentencias de segunda instancia, y una reforma enfocada en meritocracia, capacitación permanente y transparencia en las agendas judiciales.

Desde el Partido Aprista Peruano (Apra), Carlos Humberto Polo planteó una revisión estructural y humana del sistema, señalando que el Poder Judicial y el Ministerio Público se encuentran “en colapso”.

Cuestionó el rol de la Junta Nacional de Justicia y propuso que los magistrados pasen evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, técnicas y éticas rigurosas. Asimismo, rechazó la incorporación de leyes “importadas” que no responden a la realidad peruana y criticó la inacción ante faltas graves cometidas por jueces y fiscales.

A su turno, Uvaldo Pizarro Paico (Somos Perú) propuso la creación de una Comisión Permanente del Sistema de Justicia, con autonomía política y administrativa, que diagnostique problemas, proponga reformas y dialogue con el ministerio de Economía y Finanzas para asegurar el adecuado financiamiento del sistema judicial.

Además, planteó la creación de una Escuela de Formación y Capacitación de Magistrados, y mecanismos de promoción interna para trabajadores del sistema con experiencia y méritos.

Por parte de Alianza para el Progreso, el vocero Elio Riera Garro centró su intervención en la lucha contra el crimen organizado.

Planteó reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal para cerrar vacíos legales que permiten impunidad, así como fiscalizar el accionar del Ministerio Público frente al uso político del sistema penal.

Riera también propuso la reforma del Código Civil —especialmente en materia de pensiones alimentarias— y exigió la aplicación efectiva de la ley contra la violencia familiar.

Finalmente, José Antonio Alarcón Cárdenas, representante del Partido Popular Cristiano, reafirmó su compromiso con una reforma técnica, humana y eficaz del sistema judicial.

Respaldó la creación de juzgados especializados en ejecución de sentencias y destacó la necesidad de incorporar equipos multidisciplinarios en el proceso judicial. También propuso garantizar el cumplimiento de plazos procesales y fortalecer el sistema con mayor presupuesto, tecnología e infraestructura.

Los representantes coincidieron en que la reforma de la justicia no puede seguir postergándose, ya que la ciudadanía exige un sistema más eficiente, humano y transparente, capaz de garantizar el acceso real y oportuno a la justicia.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL