Su preocupación y decisión de combatir toda manifestación que implique la concertación de ciertas empresas para fijar los precios de las medicinas en perjuicio del público consumidor expresaron hoy lunes 21 legisladores miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos en una mesa de trabajo sobre el particular.

“No podemos quedarnos con los brazos cruzados frente a estos problemas”, expresó, al respecto, el congresista Gílbert Violeta López (PPK), en la reunión dirigida por el legislador Juan Gonzales Ardiles (FP), presidente de ese grupo dictaminador.

A la reunión acudieron también representantes de distintas entidades vinculadas con el tema tales como la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú (ALAFARPE) y de la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ADIFÁN).

Los representantes de esas entidades, Carlos Fernández Dávila, y José Silva Pellegrín, respectivamente, manifestaron igualmente su oposición a esas prácticas concertadoras en perjuicio de la población, especialmente de la más empobrecida del país. 

“Nosotros fomentamos la libre competencia. Creemos que el sistema de libre comercio es el mejor frente al control de precios que tuvimos en el pasado”, señaló Fernández Dávila. Apuntó, asimismo, que también es importante la acción del Estado como ente regulador.

“Nosotros estamos en desacuerdo con esa concertación de precios”, comentó, a su vez, José Enrique Silva. Refirió que se trataba de un caso propio de la actividad regulatoria, pero que eso no debe estar dentro del terreno del acceso de la población a los servicios de salud y de los medicamentos.

Aparte de los mencionados estuvieron también Wálter Curioso Vílchez, de la Superintendencia de Servicios de Salud (SUSALUD), y Ana María León Aguirre, decana del Colegio Químico Farmacéutico de Lima. Ellos también se refirieron al tema. El  primero, desde un carácter  eminentemente legalista e institucional, en tanto que la segunda refirió que el caso podría darse a través de las boticas, pero no de las farmacias en las que trabajan sus colegas profesionales.    

AGENDA

“Este es un tema que se encuentra en la agenda política y nos preocupa sobremanera”, comentó el presidente de la Comisión, legislador Juan Gonzales Ardiles. Añadió que se había tomado la decisión de invitar a aquellas personas por considerar que era muy necesario escucharlos y conocer sus puntos de vista en temas como la concertación de precios, la regulación y el acceso de la población a mejores servicios de salud. Sostuvo que, de lo allí tratado, él informará oportunamente al pleno de la Comisión que preside.

Gonzales y el congresista Gílbert Violeta subrayaron la preocupación de ese grupo dictaminador por la salud pública y el acceso de la ciudadanía a los medicamentos.

Violeta expresó que se había acordado citar a la ministra de Salud, Patricia García Funegra, para que informe sobre la política regulatoria de precios.

Informaron que este tipo de hechos ocurrió también en Chile, y por ello es fácil de suponer que aquí se haya dado mucho antes de conocerse las últimas denuncias. Precisaron que se debe hacer el esfuerzo necesario para para poder entrar en una investigación seria en ese asunto.  

El presidente Gonzales Ardiles opinó, a diferencia de otros expositores, que el Indecopi sí cuenta con los recursos económicos necesarios para poder ejercer una labor de control al respecto. Afirmó que tiene informes según los cuales la planilla de los altos funcionarios de esa entidad fue incrementada en un 163%.

“Creo, entonces, que podría haber hecho una mejor labor frente a la concertación de precios”, indicó el parlamentario, al tiempo de anunciar que se convocará a la Comisión al titular del Indecopi.

COMPONENDA

En la reunión también estuvieron los congresistas César Segura Izquierdo (FP) y Yónhy Lescano Ancieta (AP). Este último sostuvo que ha habido una “componenda” de precios y que hubo sectores que se habrían puesto de acuerdo para fijar los precios de los medicamentos en perjuicio de los consumidores.

Por ello, consideró que las instituciones del ramo deben decir algo, puesto que resultaban ser los más entendidos en la materia y hasta estaban involucrados en la problemática planteada.

“Se ha cometido un delito contra la salud pública, en un hecho dado en contra del país”, recalcó el parlamentario, y añadió que se estaba actuando con un criterio monopolizador en este aspecto. (JTR).   

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