Luego de una amplia sesión conjunta de las Comisiones de Pueblos Andinos y Defensa Nacional, presididas por los legisladores Lenin Bazán Villanueva (FA) y Miguel Ángel Vivanco (FP), emitieron un pronunciamiento que contempla los siguientes puntos:

Es necesario cambiar la lógica de la acción del Estado en relación con la Amazonía, la frontera y los pueblos indígenas en las tres regiones (San Martín, Amazonas y Ucayali).

Se debe de declarar en emergencia la Amazonía frente a los tres males hoy mencionados como son lo siguientes: el narcotráfico, la tala ilegal y la minería ilegal aluvial, como un problema que no solo afecta a las mencionadas regiones, sino a toda nuestra Amazonía en general.

También, debe haber soluciones inmediatas frente a lo solicitado por los dirigentes indígenas con respecto a las intervenciones en los ríos ubicados en sus regiones, la intervención a los taladores ilegales de madera, una reunión urgente de Cancillería con su similar de Ecuador, propuesta que fue sustentada por el congresista Napoleón Puño Lecarnaque (APP).
Así mismo, se debe de prohibir la minería aluvial en los ríos de la Amazonía, por los problemas que se está viviendo. Es necesario solicitar presupuesto adecuado para la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justica para que estos a su vez puedan realizar acciones pertinentes en las regiones mencionadas.

Así mismo, se requiere acciones de estos órganos competentes para lograr la protección inmediata de los defensores indígenas o defensores ambientales, para que así el Ministerio Público se fortalezca en la lucha contra la corrupción e implemente medidas necesarias y urgentes con ese fin.

MEDIDAS INTEGRALES

Las comisiones proponen al Poder Ejecutivo mayor gobernanza de los territorios amazónicos, darles poder y fortalecer los procesos de autodeterminación y generar medidas extraordinarias para avanzar en el proceso de titulación de terrenos comunales.

También, se requiere revalorar la Amazonía como un área fundamental del Plan Nacional Ante el Cambio Climático, que es una gran oportunidad para lograr el manejo sostenido de bosques, factura de carbono y puesta en valor de nuestra biodiversidad. Esto para que la tala y minería ilegal no sean vistas como las únicas alternativas económicas. Por tanto, es necesario aprovechar los recursos más amigables al ambiente en la Amazonia.

Estas conclusiones se resumieron luego de que por espacio de cinco horas. La sesión conjunta contó con la presencia de representantes de los siguientes ministerios: Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Desarrollo Agrario, Justicia y Derechos Humanos, Defensoría y también Devida.

En la sesión se evaluó el peligroso avance del narcotráfico, la minería aluvial y la tala ilegal en las regiones Ucayali, San Martín y Amazonas.

LLAMADO DE COMUNIDADES NATIVAS

Representantes de las comunidades amazónicas como Flor de Ucayali, Santa Clara de Uchunya del pueblo shipibo konibo, ubicadas en la región de Ucayali; Anak Kurutuyacu y Santa Rosillo de Yanayacu del pueblo kichwa, ubicadas en la región San Martín; comunidades awajún del distrito de Cenepa, provincia Condorcanqui, Amazonas; y pueblos de la nación wampis de la cuenca del Río Santiago en la provincia de Condorcanqui, región de Amazonas, hicieron un llamado desesperado sobre la falta de Estado y la situación de desprotección en el que se encuentran.

Indicaron que el narcotráfico, la minería y la tala ilegal se han entronizado en sus territorios, ante la mirada pasiva de las autoridades y en otros casos, y con la falta de presupuesto de la Policía y fiscalía que no atiende por ello sus denuncias.

Los líderes indígenas manifestaron su temor, porque viven amenazados por estos traficantes. Recordaron que son ellos que existen hace más de 200 años en esas comunidades –antes que cualquier Constitución– viven en armonía en estos territorios que cuidan para la humanidad. Sin embargo, dijeron, el Ejecutivo no agiliza el proceso de titulación de sus tierras comunales, en cambio, hay interés de malas autoridades en fracturar la unidad de las tierras.

Los apus denunciaron que desde el año pasado ya son 12 los dirigentes asesinados por levantar su voz en defensa del ambiente y sus tierras comunales.

Lima, 16 de marzo de 2021

PRENSA-CONGRESO