La Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal, que preside Alejandro Muñante Barrios (RP), eligió por unanimidad, como su nuevo secretario, al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Emilio Iván Paredes Yataco.

Paredes Yataco asume este cargo en reemplazo del renunciante Alberto Vega Rojas.

Durante la sesión, se presentaron funcionarios del Seguro Integral de Salud (SIS) y de la Defensa Publica y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para brindar un informe detallado de su labor en torno a la salud de los detenidos en los establecimientos penales y la defensoría de oficio.

El jefe adjunto del SIS, Walter Vargas Rojas, informó que las personas privadas de su libertad tienen acceso a la cobertura universal de salud, aunque existe un problema en la atención primaria dentro de los tópicos del INPE, donde la cobertura del SIS no está siendo cubierta.

Para solucionar este impase, dijo, se ha sugerido elaborar un convenio con el INPE para que parte de las transferencias de dinero que se les brinda a las direcciones de Salud en Lima metropolitana, se les entregue directamente para garantizar la compra de medicamentos e insumos de baja complejidad.

Esta propuesta está siendo revisada por el área legal puesto que no se puede transferir dinero a otra área que no sea del sector salud. Hay una serie de pasos que hay que dar, precisó.

Manifestó, además, que, en los casos de alta complejidad sí está cubierto por el SIS, puesto que esto se atiende en los hospitales del sector salud.

ACCESO A LA JUSTICIA
En representación del director general de Defensa Publica y Acceso a la Justicia, se presentó Francisco Vegas Palomino, quien informó a la comisión que para la atención de las personas que no cuentan con recursos económicos para su defensa legal, o se hallen en situación de vulnerabilidad, existen 2 216 defensores públicos.

Señaló que la dirección que representa ha prestado, hasta la fecha, 881 761 atenciones a usuarios de defensa pública; ha obtenido 5 millones de soles en pensiones alimenticias; y reparaciones civiles por más de 9 millones de soles.

Ante la interrogante del congresista Muñante Barrios sobre la labor de esta dependencia en la defensa de altos funcionarios, por los cuales el Estado perdería dinero al otorgarles defensa privada, el funcionario reveló que al prestar dicho servicio, se ha dejado de pagar honorarios a defensores privados por más de 150 millones de soles.

Muñante Barrios también consultó sobre su desempeño en las unidades de flagrancia. La respuesta fue que se ha logrado, en gran parte, acompañar los procesos de allanamientos; aunque, en casos aislados, y ante lo imprevisto de los operativos, sobre todo en regiones colindantes, se ha logrado participar en forma virtual.

El funcionario también informó a la comisión que su dirección ha presentado dos proyectos de ley. Uno para crear la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia como una dependencia que organice la unidad y la coherencia de los servicios de asesoría legal y patrocinio, y optimizar el servicio de la defensa pública; y el segundo para crear la carrera defensorial.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL