Un largo debate de cuatro horas originó el tema sobre los avances en la implementación de la Ley Universitaria en las universidades del país, en la sesión del lunes 18 de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que preside el congresista Víctor Crisólogo Espejo (PP).
El primero en exponer fue el gerente general de Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Gilbert Vallejos Ágreda, quien informó que su institución ha realizado 30 procesos electorales en 22 universidades para la elección de asambleas estatutarias y 67 elecciones en 21 universidades para designar a nuevas autoridades.
Anotó que la ONPE no ha participado en los centros universitarios que estaban en conflicto. Dijo que se abstuvieron por medidas preventivas recomendables.
Esto último motivó el cuestionamiento de los congresistas Yonhy Lescano (AP-FA), José Luis Elías, Jesús Hurtado Zamudio, María López Córdova y Héctor Becerril (FP), Vicente Zeballos (SN), Luciana León (CP) y Daniel Mora (PP), quienes coincidieron en sostener que la obligación de la ONPE es garantizar los procesos electorales en las universidades, salvo, anotaron, que no tuvieran la partida presupuestal correspondiente.
Por su parte, la superintendente Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), Lorena Masías Quiroga, subrayó que su representada ya dio los pasos principales para construir un nuevo sistema universitario que permitirá mejorar las competencias de los jóvenes, generar conocimiento y formar ciudadanos que contribuyan al desarrollo regional y nacional.
Entre los avances logrados a la fecha, indicó que 21 de 31 universidades públicas cuentan con autoridades nuevas elegidas por voto universal; un total de nueve están en proceso de elegir autoridades, y en una universidad no se ha podido elegir autoridades por una medida cautelar del Poder Judicial.
Dijo que en el ámbito privado, alrededor de 45 universidades autorizadas han presentado nuevos estatutos y 44 centros universitarios con autorización provisional han presentado nuevos estatutos.
Informó también que las autoridades del SUNEDU están visitando las diferentes universidades públicas y privadas del país a fin de realizar talleres orientadores sobre el proceso de calidad científica que deben tener las universidades. Añadió que se han organizado ocho grupos de evaluación y supervisión.

Universidades tendrán mayores beneficios

Masías remarcó que la adecuación del gobierno en la universidad pública trae una serie de beneficios como el levantamiento de la suspensión para realizar los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación del personal docente y no docente, así como acceder a los fondos concursables económicos otorgados por organizaciones y entidades como CONCYTEC, MINEDU, entre otros.
Opinó que se ha podido comprobar que hay una buena utilización del canon y se viene orientando a las autoridades correspondientes cómo se puede aprovechar mejor. Informó que además se les reitera que las universidades están exoneradas del ISC, IGV, IR y otros impuestos.
La superintendente explicó que el Registro Nacional de Grados y Títulos contiene los grados académicos y títulos profesionales otorgados por universidades, instituciones y escuelas de educación superior del país, las resoluciones del Consejo Universitario que otorgan las revalidan y las resoluciones de reconocimiento de los grados académicos y títulos profesionales otorgados en el extranjero.
Ante las diferentes preguntas formuladas por los representantes, Masías Quiroga afirmó que el proceso de implementación de la Ley Universitaria sigue avanzando en forma indetenible. Negó que SUNEDU designe a rectores, vicerrectores o a otra autoridad universitaria.
Aclaró que es importante la participación de la ONPE en los procesos electorales en las universidades, pero anotó que su ausencia no invalida el hecho eleccionario. Agregó que se ha iniciado un proceso sancionador contra la Universidad Nacional Federico Villarreal por haber consentido que docentes cumplan labores administrativas.

EVENTOS SOBRE EL DEPORTE
De otro lado, la comisión aprobó, por mayoría, el dictamen del proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la organización de la 130 Asamblea del Comité Olímpico Internacional (COI) y el Congreso Mundial de Deportes a realizarse en Lima en septiembre del 2017.
El coordinador de la subcomisión de Deportes, Alberto Beingolea Delgado (APP-PPC) subrayó sobre este punto, que la asamblea del COI es el evento no competitivo de mayor importancia en el deporte mundial y tiene una trascendencia especial porque en ella se reunirán representantes de más de 200 países para elegir a la ciudad que albergará a los Juegos Olímpicos del 2024.
Señaló que las únicas ciudades de América Latina que han servido de sede a la sesión del COI son México, Montevideo, San Juan de Puerto Rico, Guatemala y Buenos Aires. Precisó que Río de Janeiro la organizará en el próximo mes de agosto como reunión previa a los Juegos Olímpicos.
Agregó que la primera edición de la reunión del COI se realizó en París en 1894 y desde entonces se han efectuado 128 asambleas, muy pocas de las cuales se han realizado en Latinoamérica.
Sometido al voto, el dictamen fue sancionado por mayoría de los congresistas de la comisión.(jon)

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