La presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria ProInversión, Rosangella Barbarán Reyes (bancada FP), afirmó que el Congreso mantiene una vigilancia activa sobre el avance real de los proyectos hospitalarios ejecutados bajo esquemas de promoción de la inversión privada, al advertir que los plazos, el financiamiento y la sostenibilidad operativa deben quedar claramente definidos para evitar retrasos que afecten a la población usuaria del sistema de salud.

Durante la sesión de trabajo de este jueves, la legisladora condujo el análisis de los informes presentados por funcionarios del Ministerio de Salud y de ProInversión, quienes expusieron el estado situacional del portafolio de proyectos hospitalarios que se desarrollan mediante asociaciones público-privadas y otros mecanismos de inversión.

En ese marco, Barbarán remarcó que el rol de la comisión no se limita a conocer cifras, sino a garantizar que los compromisos asumidos se traduzcan en servicios efectivos y oportunos.

En relación con el Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, la parlamentaria pidió precisiones sobre el esquema de ejecución y la transición hacia la etapa de operación y mantenimiento, al recordar que el establecimiento fue inicialmente concebido como obra pública.

“¿El Hospital de Apoyo de Sullana inicia como obra pública o se inicia a través de inversión y luego la parte ya de operación y mantenimiento?”, consultó, aludiendo además a las demoras registradas tras la entrega de la infraestructura y a las dificultades presupuestales que enfrentó el gobierno regional para asumir su mantenimiento.

Los representantes del sector explicaron que el proyecto se encuentra en fase de estructuración y que beneficiará a aproximadamente 645 mil habitantes, con un contrato de concesión por 17 años, bajo la titularidad del Gobierno Regional de Piura. Detallaron que el Ministerio de Salud financió el primer año de operación para garantizar la continuidad del servicio y que, posteriormente, la administración y el financiamiento recaerán en el ámbito regional.

Asimismo, precisaron que el cronograma proyecta la convocatoria del proceso en el primer semestre y la suscripción del contrato hacia octubre de 2026, siempre que se cumplan las opiniones técnicas y legales correspondientes.

Barbarán también dirigió sus cuestionamientos hacia los proyectos de mayor envergadura, como el nuevo Hospital Militar Central y el Hospital Nacional Hipólito Unanue, al solicitar fechas tentativas claras para el inicio de obras y la modalidad de adjudicación. “¿Se tienen previstas fechas tentativas tanto para el Hospital Nacional como para el Militar?”, preguntó, subrayando la necesidad de transparencia en la planificación y en la definición de los hitos críticos que condicionan la inversión.

En respuesta, los funcionarios señalaron que el avance de estos proyectos depende de la capacidad de financiamiento y de la emisión de opiniones clave por parte de los órganos de control y del sector economía, tras lo cual se abriría el periodo para definir si la adjudicación será directa o mediante concurso. No obstante, la congresista insistió en que la comisión debe conocer con anticipación los riesgos y cuellos de botella para ejercer un control político preventivo y no reactivo.

Finalmente, la titular de la comisión puso énfasis en la experiencia acumulada en modelos de gestión hospitalaria bajo asociaciones público-privadas, como el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, y pidió una evaluación clara de su desempeño. “Yo tengo una consulta respecto a cómo se han dado estos diez años. ¿Justamente ha funcionado?”, expresó, al requerir una explicación sencilla sobre las funciones de los operadores y supervisores, así como sobre la eficiencia del gasto frente a hospitales gestionados bajo esquemas tradicionales.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL