La Comisión Permanente del Congreso de la República, sesionará este miércoles 30 de octubre de 2024 de manera semipresencial desde las 10:00 a.m. en el Hemiciclo de Sesiones, para definir los plazos dentro de los cuales la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación e informe, respecto a seis denuncias constitucionales (DC) consideradas procedentes.

Se trata de la Denuncia Constitucional 432 contra la ex congresista Luciana León Romero como presunta autora del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado.

Igualmente, la Denuncia Constitucional 470 contra el entonces ministro del Interior Carlos Morán Soto, como presunto autor del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica.

La DC 444 contra Víctor Ticona Postigo, en su actuación como juez supremo titular, presidente del Poder Judicial, por presunto autor del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, en la modalidad de tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario público.

A estas se agrega, la DC 499, contra el expresidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y de omisión de consignar declaraciones en documentos.

Además de la DC 438, contra Ángel Romero Díaz en su condición de ex juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado y la DC 445, contra la ex congresista Marita Herrera Arévalo, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, tráfico de influencias agravado.

Cabe precisar que en la agenda figura también la Denuncia Constitucional 421 interpuesta contra María del Pilar Cordero Jon Tay, en su condición de congresista de la república, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, en la modalidad de cohecho pasivo impropio, la cual es considerada procedente en un extremo.

La Comisión Permanente votará también el informe final de la Denuncia Constitucional 98 (antes 448), contra Aldo Figueroa Navarro, en su condición de exjuez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia.

El informe final concluye en acusar al denunciado Figueroa Navarro, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano, tipificados en los artículos 398 y 400 del Código Penal.

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