La Comisión Permanente sesionará este viernes 23 de mayo, desde las 09:00 horas, con el fin de tratar los informes finales de seis denuncias constitucionales presentadas contra diversas autoridades, entre ellas, las que proponen acusar a exministros del gobierno de Pedro Castillo y a un ex juez supremo.

De acuerdo con la agenda, está el informe final de la Denuncia Constitucional 98 (antes 448), formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra Aldo Martín Figueroa Navarro, en su condición de exjuez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, se recomienda acusar al exmagistrado por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano, tipificados en los artículos 398 y 400 del Código Penal.

Otro informe final es el recaído sobre la Denuncia Constitucional 363 formulada por el ciudadano José Briones Trujillo, hecha suya por la congresista Kira Alcarraz Agüero, contra la congresista Magaly Ruíz Rodríguez, como presunta autora de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal y por presunta infracción constitucional de los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú.

Se recomienda el archivo de esa denuncia constitucional.

En agenda también está el informe de la Denuncia Constitucional 355 interpuesta por la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, contra la excongresista de la república, y exministra de Trabajo y Promoción del Empleo y exministra de Cultura, Betssy Betzabet Chávez Chino.

El documento recomienda acusar a la excongresista por la presunta comisión del delito negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (artículo 399 del Código Penal), debiendo solicitarle al Pleno del Congreso de la República que proceda al levantamiento del antejuicio político. Además, por la presunta comisión del delito tráfico de influencias agravado (artículo 400 del Código Penal).

De igual forma está el informe final de la Denuncia Constitucional 289, interpuesta por la congresista Patricia Chirinos, contra Geiner Alvarado López, en su condición de exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Se concluye acusar a Geiner Alvarado por infracción al artículo 39 de la Constitución Política del Perú, al refrendar el Decreto de Urgencia 102-2021.

Además, se propone, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, imponerle la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública, por la infracción al artículo 39 de la Constitución Política del Perú.

También está informe final sobre la Denuncia Constitucional 469 interpuesta por la exfiscal de la nación (i), Juan Villena Campana, contra Jorge Salas Arenas, en su condición de juez penal supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por ser presunto instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, conducta que se encuadra en el artículo 399 del Código Penal peruano.

Finalmente, está el informe de la Denuncia Constitucional 492 interpuesta por el exfiscal de la nación (i), Juan Villena, contra la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, como presunta autora del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de cohecho pasivo impropio, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 394, primer párrafo del Código Penal.

El documento recomienda su archivo “por no proceder formular acusación contra la presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución”.

PLAZO DE INVESTIGACIÓN

En la agenda de la Comisión Permanente también figura otorgar un plazo, que no podrá ser mayor de 15 días hábiles, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente su informe final respecto a cinco denuncias constitucionales declaradas procedentes.

Entre ellas, están la denuncia contra los exintegrantes de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Julia Tumialan Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, Antonio Humberto de la Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares, Guillermo Santiago Thornberry Villarán, y Luz Inés Tello Valcárcel de Ñecco; y contra Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Delia Milagros Espinoza Valenzuela, en su condición de fiscales supremos.

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