La Comisión Permanente aprobó esta tarde, por mayoría (18 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones), solicitar al Poder Judicial se imponga impedimento de salida del país a los exministros Betssy Chávez Chino y Roberto Sánchez Palomino, ante la inminente posibilidad de eludir la justicia.

El acuerdo aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso l) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, solicita se les imponga “la medida limitativa de impedimento de salida del país”, y faculta al presidente José Williams Zapata “a presentar la solicitud, y efectuar los trámites correspondientes”.

La inminencia de eludir la acción de la justicia, refiere el acuerdo aprobado, es porque ambos exaltos funcionarios están comprendidos en el informe final de la Denuncia Constitucional 328, denuncia interpuesta por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, por los delitos de rebelión y conspiración tipificados en el Código Penal.

Esta decisión, fue una propuesta de la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano (APP) en su calidad de integrante de la Comisión Permanente.

Camones Soriano informó al Pleno de la Permanente el contenido del oficio enviado esta mañana por la fiscal de la Nación, en el cual “informa los argumentos jurídicos y jurisprudenciales para la adopción de medidas de aseguramiento de altos funcionarios en procedimientos parlamentarios de denuncias constitucionales”.

Precisó que dichos argumentos están referidos a los hechos denunciados contemplados en la DC 328, que tiene como denunciados a la congresista Betssy Chávez Chino (PD) en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros  y al congresista Roberto Sánchez Palomino (CD-JP) en su condición de exministro de Comercio Exterior y Turismo, e incluye al exministro del interior Willy Huerta Olivas.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, por mayoría, el informe final de la Denuncia Constitucional 328 en su sesión del lunes 6 de marzo último. El documento será elevado a la Comisión Permanente.

A los exministros se les acusa de ser presuntos coautores de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión y conspiración, en agravio del Estado.

OFICINA DE COMUNICACIONES