La Comisión Permanente del Congreso rechazó de plano la solicitud presentada por la Fiscalía de la Nación que buscaba anular el procedimiento desarrollado, por la Subcomisión de Acusdaciones Constituciones, sobre 23 denuncias constitucionales, así como de posteriores pedidos similares que pudieran presentarse bajo el mismo supuesto.

El acuerdo fue adoptado con 20 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, en la sesión conducida por el presidente del Parlamento, José Jerí Oré.

«Esta decisión será aplicada a otras solicitudes de nulidad que se presenten con posterioridad», adelantó el titular del Congreso.

Entre las denuncias constitucionales comprendidas figuran contra la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra; la exfiscal de la nación, Patricia Benavides; el juez supremo titular Ángel Romero Díaz; y el exfiscal supremo Luis Arce Córdova, en su calidad de representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros.

Durante el debate, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano (APP), sostuvo que la figura de un recurso de nulidad, presentada por la Fiscalia de la Nación, no está contemplada en el Reglamento del Congreso ni corresponde a la naturaleza del procedimiento parlamentario de acusación constitucional.

“El proceso parlamentario tiene etapas definidas. Pretender introducir incidentes semejantes a los de los procesos judiciales ordinarios carece de sustento normativo y resulta impropio”, precisó.

Asimismo, Camones rechazó la interpretación extensiva de la fiscal de la nación respecto al literal d) del artículo 20 del Reglamento del Congreso, señalando que equiparar la mera existencia de una denuncia penal con una causal de impedimento resulta abiertamente irrazonable y contraria al principio de razonabilidad.

En la misma línea, diversos legisladores intervinieron para remarcar la improcedencia de lo solicitado. Alejandro Muñante Barrios (RP) enfatizó que el Reglamento del Congreso regula de manera exhaustiva el procedimiento de acusación constitucional, sin contemplar la figura del recurso de nulidad.

“Lo único que generan estos pedidos es entorpecimiento del trabajo parlamentario”, subrayó.

La legisladora Gladys Echaíz Ramos (HyD) advirtió que invocar la existencia de investigaciones preliminares como causal de nulidad equivale a vulnerar la presunción de inocencia. Recordó que, de acuerdo con el Código Procesal Penal, lo que correspondía era presentar una recusación dentro del plazo legal, lo cual no se hizo.

En tanto, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López Ureña, sostuvo que “si en el Reglamento no existe el recurso de nulidad, entonces esa nulidad simplemente no existe”. Añadió que acceder a tal pretensión (de la Fiscalía) implicaría que el Congreso adopte decisiones al margen de la ley y exponga a los propios parlamentarios a eventuales denuncias constitucionales.

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