Comisión Permanente otorga plazo a subcomisión para investigar siete denuncias constitucionales

Centro de Noticias del Congreso

30 Oct 2024 | 11:30 h

La Comisión Permanente del Congreso otorgó un plazo de hasta 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a fin de que investigue y presente su informe final respecto a seis denuncias constitucionales declaradas procedentes, y una declarada procedente en un extremo.

La decisión se dio en cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso.

Entre esas denuncias está la número 432, interpuesta por la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, contra la excongresista de la república, Luciana Milagros León Romero, como presunta autora del delito contra la administración pública – enriquecimiento ilícito agravado, tipificado en el primer y segundo párrafos del artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado.

También la Denuncia Constitucional 470 interpuesta por Juan Carlos Villena Campana, en su condición de fiscal de la Nación interino, contra el entonces ministro del Interior, Carlos Morán Soto, como presunto autor del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 428 del Código Penal, en agravio del Estado.

De igual forma, está la Denuncia Constitucional 444, interpuesta por el fiscal de la Nación (i), contra Víctor Lucas Ticona Postigo, en su actuación como juez supremo titular, presidente del Poder Judicial, como presunto autor del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, en la modalidad de tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario público, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 400, primer y segundo párrafos del Código Penal, en agravio del Estado.

Así mismo, está la Denuncia Constitucional 499, presentada por el fiscal de la nación interino, contra el expresidente de la república, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y de omisión de consignar declaraciones en documentos, tipificados en los artículos 438 y 429 del Código Penal.

Del mismo modo, está la Denuncia Constitucional 438, interpuesta por el fiscal de la nación (i) contra Ángel Henry Romero Díaz en su condición de exjuez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, por su condición de funcionario público, previsto en el artículo 400 (primer y segundo párrafo) del Código Penal.

A su vez, la Denuncia Constitucional 445 interpuesta por el fiscal de la Nación (i) contra la excongresista de la república, Marita Herrera Arévalo, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública -tráfico de influencias agravado, tipificado en el artículo 400 del Código Penal, en agravio del Estado.

EN UN EXTREMO

En otro momento, la Comisión Permanente otorga a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de hasta 15 días hábiles para investigar y presentar el informe final respecto a la Denuncia Constitucional 421, procedente en un extremo, interpuesta por la exfiscal de la nación Liz Patricia Benavides Vargas, contra María del Pilar Cordero Jon Tay, en su condición de excongresista de la república; por la presunta comisión del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, en la modalidad de cohecho pasivo impropio, ilícito previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 394 del Código Penal, en agravio del Estado.

Previamente, la Comisión Permanente envió al archivo nueve denuncias constitucionales declaradas improcedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

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