La Comisión Permanente aprobó por unanimidad (25 votos), y en primera votación, la ley que propone definir restricciones para el uso de las centrales privadas de información de riesgos, para evitar su uso desproporcionado. El dictamen aprobado se sustenta en los Proyectos de Ley 1531 y 1640, del 2021.

La titular de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Silvia Monteza Facho (AP), informó que para evitar el uso de desproporcionado de las centrales privadas de información de riesgos (CEPIRS), se plantea modificar el literal e) del artículo 2 de la Ley 27489, Ley que regula a estas entidades.

De acuerdo al análisis efectuado por su Comisión, los proyectos de ley no irrogan gastos al erario nacional, por plantear medidas en las que se generen restricciones para dicho uso desproporcionado.

Dentro de los costos que se asume, prosiguió, se precisa que el PL 1531, de acuerdo con el Banco Central de Reserva, “el omitir juicios de valor podría generar mayores costos a empresas que requieran la interpretación de los juicios de valor”.

Mientras que el PL 1640, “genera costos para la implementación de procesos para solicitar a los postulantes su autorización para la revisión de sus datos en las CEPIRS, pero la reducción de las barreras a la entrada del mercado laboral contribuirá a la reactivación del empleo”.

En conclusión, expuso, “la Comisión de Economía ha determinado que el balance costo- beneficio es positivo para los diferentes actores involucrados”.

En su intervención, la congresista Martha Moyano Delgado (FP) solicitó que en el artículo 2, sobre definiciones, se incorpore, después de los reportes de crédito, que no se podrán contener opiniones que sean de naturaleza subjetiva referidas al titular de la información. La sugerencia fue aceptada por la titular de la comisión.

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