La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe de la Denuncia Constitucional 442, que propone acusar al exministro de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino, como presunto instigador del delito contra la administración pública – negociación incompatible, ilícito previsto en el artículo 399 del Código Penal, en agravio del Estado.

El documento, que de que ser aprobado por el Pleno será remitido al Ministerio Público para que continúe con las investigaciones correspondientes, fue aprobado por 20 votos a favor y 4 abstenciones, ningún voto en contra.

El congresista José Enrique Jerí Oré (SP), delegado de la denuncia, indicó que la decisión se basa en pruebas presentadas por el Ministerio Público y diversos elementos recopilados en audiencias desarrolladas en el marco de esta investigación.

El documento identifica indicios de una posible negociación incompatible en la contratación del señor Edwin Segundo Chávez Prado, sobrino del exministro, en el Ministerio de la Producción.
Según el informe final, el proceso de contratación del mencionado funcionario no habría respetado los procedimientos regulares de selección, omitiendo un concurso competitivo y optando por una contratación directa.

Durante la sesión, el abogado Douglas Rojas Seguier ejerció la defensa del exministro Jorge Luis Prado por un lapso de 20 minutos. Argumentó que no existen elementos de convicción suficientes para demostrar que el exministro instigó o tuvo interés indebido en la contratación de su sobrino, Edwin Segundo Chávez Prado.

Señaló que la contratación del sobrino se llevó a cabo siguiendo los procedimientos administrativos correctos, y que su trabajo fue evaluado y aprobado por varias áreas del ministerio, como logística y recursos humanos.

El abogado mencionó que hubo un error en el formato de declaración utilizado durante años por el área de logística del ministerio, que no se actualizó a pesar de cambios en la legislación.

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En otro momento, la Comisión Permanente aprobó por 21 a favor, 1 en contra, 1 abstención el informe final que recomienda archivar la Denuncia Constitucional 197 (antes 266), presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma de la Cruz contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, por presunta omisión de actos funcionales.

Se determinó que la acción penal se encuentra prescrita desde el 15 de septiembre de 2021, conforme al artículo 80 del Código Penal.

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