La exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Giselle Zegarra Flores, sostuvo el lunes 18 ante la Comisión Investigadora ‘Lava jato’ que no ha hecho nada ilegal y que todos sus ingresos los ha tenido mediante su trabajo como consultora y que estos podían ser constatados.

La exfuncionaria de la municipalidad capitalina (entre el 2004 y el 2010) se presentó para informar sobre su participación en el proceso de iniciativa privada presentada por  LAMSAC y ejecutada por OAS, conocida como “Línea Amarilla”.

En la última parte del interrogatorio por parte los congresistas de la comisión, especialmente cuando respondía sobre el contenido y veracidad de las comunicaciones que mantuvo con José Adelmario Pinheiro, presidente de OAS, entre octubre y  noviembre de 2014, Giselle Zegarra expresó su indisposición física para continuar, por lo que la presidenta de la comisión, Rosa María Bartra, decidió suspender la sesión hasta el  miércoles 20 a las 3:00 pm.

En su intervención inicial, Zegarra Flores dijo en la comisión que durante la gestión de Castañeda Lossio se adjudicó directamente la obra “Línea Amarilla” a la empresa OAS y que la firma del contrato fue competencia del burgomaestre.

Precisó que la empresa concesionaria fue LAMSAC (de la cual OAS es dueña del 90% de las acciones)  que contrató a la empresa brasileña como constructora, es decir,  OAS no tuvo relación directa con la municipalidad.

El componente vial consistió en una nueva vía expresa de 10 km. (una ampliación de la Vía de Evitamiento) y de dos kilómetros bajo el puente Rímac. El contrato estipulaba que en diciembre de 2012 la obra iba a estar en un 70% de construcción antes de su entrega para el peaje.

Comentó que durante la gestión de Susana Villarán se desnaturalizó el proyecto y se anunció su renegociación y una adenda, lo cual estaba prohibido por el tipo de contrato por los tres primeros años. Zegarra dijo que tampoco se requería de una adenda y que el proyecto era autosostenible y se podía ejecutar como estaba.

En mayo de 2011 se canceló el proyecto y fue cambiado por “Parque Rímac” sin haberse cambiado de contrato. Agregó que debió haber  habido un sustento para la renegociación. Es más, la adenda incluyó diez años más de explotación de la concesión pactada inicialmente a 30 años.

Respecto a su labor como funcionaria, informó que estuvo en la municipalidad hasta octubre de 2010. Luego trabajó como consultora privada y retornó a la comuna limeña en el 2015 como asesora y por locación de servicios. Aclaró que su labor como asesora a la empresa OAS (septiembre de 2014) fue a través de su empresa Zegarra Asociados en la obra “Río Verde” y no en “Línea Amarilla”, y que era compatible legal y éticamente porque se hizo luego de cuatro años de haber dejado la municipalidad.

Preguntada por el congresista Víctor García Belaunde sobre cómo participó en la concesión, Zegarra dijo que su labor fue evaluar la iniciativa privada y elevarla al concejo. Sobre su vinculación con las empresas brasileñas admitió que conoció a varios directivos de OAS cuando laboró en la MML.

Informó también que la comuna entregó a la concesionaria (Lamsac) el peaje de la Vía de Evitamiento sin haber verificado el avance de las obras y que los detalles del contrato, estudios técnicos y otros constan en el “Libro Blanco” que está en manos de la municipalidad limeña.

Casi al final de su intervención (de poco más de cuatro horas), Giselle Zegarra fue cuestionada por su cercanía con el presidente de OAS por los congresistas Gino Costa, Karina Beteta y García Belaunde, puesta de manifiesto en tres conversaciones por wasap en octubre y noviembre de 2014 y que fueron reproducidas –en parte- por IDL Reporteros.

En sus respuestas, Giselle Zegarra admitió que se había comunicado varias veces con Pinheiro y que estas conversaciones giraron sobre el proyecto “Río Verde”. Aclaró que el intercambio de opiniones se hizo de “manera institucional” y que no conocía el texto ni las palabras que tenían en sus manos los congresistas;  pidió conocer el íntegro de la conversación. Explicó que a ella se le ha levantado –por dos casos de investigación en el Poder Judicial- el secreto bancario y el de las comunicaciones.

Luego de responder las preguntas y otras que ellas consideró como un maltrato en su condición de mujer, pidió que suspenda su participación por indisposición física, lo que fue aceptado por la presidenta de la comisión.

PRENSA CONGRESO

18-09-17