Comisión Lava Jato pide que Constitución opine sobre negativa de Fiscalía para colaborar en caso

Centro de Noticias del Congreso

01 Feb 2017 | 15:50 h

La Comisión del Congreso que investiga los presuntos sobornos y coimas de un grupo de empresas brasileñas a cambio de obtener contratos y licitaciones con el Estado acordó esta noche solicitar a la Comisión de Constitución y Reglamento que se pronuncie sobre la decisión de la Junta de Fiscales Supremos que negó que el fiscal del caso Lava Jato Hamilton Castro colabore con las pesquisas parlamentarias.

 Mañana jueves se enviará el oficio firmado por el presidente del referido grupo de trabajo, Víctor Albrecht (FP) a su colega y presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres (FP) para transmitirle el acuerdo multipartidario y una vez obtenido la opinión consultiva, debatir sus alcances y adoptar una decisión congresal.

 Esta fue la respuesta política adoptada por la comisión Lava Jato inmediatamente después de darse cuenta del oficio remitido por la Junta de Fiscales Supremos al presidente del grupo de trabajo,  Víctor Albrecht, donde se señala que la comparecencia del fiscal Castro «puede afectar la reserva de la investigación a su cargo».

 «Se acuerda: no autorizar al señor Hamilton Castro para asistir a la sesiones de la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso (…) debido a que se trata de una investigación en trámite que tiene carácter de reservada», se consigna en el documento que fue leído al comienzo de la octava sesión de trabajo de la comisión Lava Jato.

 El documento lleva la firma del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, quien hace mención al artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política que señala que «ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes en el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones».

 Luego se dio cuenta de otro oficio remitido por el fiscal especializado en delito de corrupción de funcionarios, Hamilton Castro Trigoso, quien comunica a la comisión Lava Jato que no podrá asistir a ese grupo de trabajo porque así lo decidió la Junta de Fiscales Supremos.

 Inmediatamente después correspondió a los legisladores Mauricio Mulder (CPA), Víctor Andrés García Belaunde (AP), Karina Beteta (FP), Lourdes Alcorta (FP) cuestionar la comunicación cursada por el fiscal de la Nación Pablo Sánchez advirtiendo que no solamente viola la Constitución Política sino también el Reglamento Interno del Congreso que tiene fuerza de ley orgánica.

 Mulder planteó a sus colegas la posibilidad de evaluar que el titular del Ministerio Público sea acusado constitucionalmente a lo que respondió Gino Costa (PPK) quien propuso otra vía menos confrontacional: que el congresista Vìctor Albrecht dialogue con el fiscal de la Nación en aras de crear un clima de colaboración entre ambas instancias para avanzar en la investigación del caso Lava Jato. El congresista Richard Arce (FA) coincidió con esta propuesta.

La congresista Karina Beteta (FP) planteó que el Procurador del Congreso pida la reconsideración del acuerdo adoptado por la Junta de Fiscales Supremos pero cuando se sometió a votación no tuvo el respaldo mayoritario de sus otros colegas.

 Luego se presentó el representante de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz Lopes quien dijo que por razones de confidencialidad informó a la representación parlamentaria no podía revelar los alcances del acuerdo suscrito entre esta empresa constructora brasileña y el Ministerio Público. 

 Solamente informó que con fecha 17 de enero la empresa Odebrecht transfirió -a una cuenta en el Banco de la Nación- los treinta millones de soles pactados con el Ministerio Público como parte del referido acuerdo. 

 Cruz Lopes dijo que hace 40 días ejerce el cargo de  director de la empresa Odebrecht por lo que desconoce los detalles del pago y los destinatarios finales de las presuntas coimas y sobornos que se canceló a cambio de algunos contratos y licitaciones con el Estado.

 Durante las tres horas que estuvo en el seno de la comisión Lava Jato, Cruz Lopes pidió disculpas al país por lo que llamó «errores» en que incurrió «un sector» del consorcio brasileño pero aseveró que la empresa está dispuesta a colaborar con las autoridades del Estado Peruano para llegar a la verdad en el caso Lava Jato. 

 Y como prueba de esa colaboración es que relató que la abogada de la constructora brasileña, Lourdes Carreño, fue quien entregó un sobre cerrado -remitido desde Brasil- al fiscal de la Nación aunque aclaró que desconocía el contenido del mismo.

 

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