La Comisión investigadora conocida como ‘Lava jato’ acordó remitir a la Comisión de Constitución del Congreso, una solicitud de opinión consultiva sobre la carta e informe remitidos a ese grupo fiscalizador por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en el que da respuesta a sendos oficios mediante los cuales se le solicitó su intervención para el esclarecimiento de los hechos que se investigan, en su condición de exministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo.

            De igual forma, se solicitará a la comisión que precise las condiciones de: citado, investigado, acusado, testigo e imputado, situación en la que podría estar inmerso el mandatario y que fue motivo de un largo debate en la sesión de hoy viernes.

            Al inicio de la sesión, el congresista Mauricio Mulder sostuvo que una discusión de este tipo no se dio antes en el Parlamento peruano y recordó que la inmunidad presidencial (y de los congresistas) es excepcional, pero los silencios también son cómplices de imputaciones y eso será un estigma que quiere esconder el mandatario.

            Según el criterio del congresista, “el que es culpable no colabora, el que tiene rabo de paja”. Aclaró que estaba hablando en términos “estrictamente políticos” y que el Congreso de la República, como contrapeso democrático, puede dilucidar por encima de lo que se establece.

            Mulder opinó que la comisión estaba investigando en nombre de la ciudadanía y que si no se rechazaba la carta y el informe remitidos por presidente Kuczynski “se abrirá un precedente nefasto”.

            Precisó que la comisión investigadora no lo está acusando, tampoco por las causales que señala el artículo 117º de la Constitución Política, sino desea preguntarle sobre hechos en los cuales él fue ministro de Estado.

            Por su parte, Víctor García Belaunde dijo que el presidente solo había mandado a la comisión un informe “con algunos datos, unos mejores que otros” y que no eran sus declaraciones propiamente dichas, porque una declaración es “directa, espontánea, inmediata, oral”, y por lo tanto se trataba de un informe que no se podía aceptar.

            Afirmó que en su informe, PPK no se refería en concreto a la concesión de IIRSA Sur ni sobre el DU 003 que garantiza el pago a las empresas extranjeras comprometidas en actos de corrupción y que se cuidó de señalar a personas y funcionarios que participaron en los directorios de empresas extranjeras y nacionales, además de “limpiar” al expresidente Toledo de estos temas. Remarcó que se trataba de un “informe pobretón” que justificaba su no asistencia. Propuso que la comisión siguiera adelante con su trabajo.

            Por su parte, el congresista oficialista Gino Costa afirmó que discrepaba de las dos posiciones anteriores. Dijo que el presidente PPK estaba protegido durante su mandato por lo que establece la Constitución, excepto por el artículo 117 (acusaciones de las que puede ser sujeto el mandatario).

            Señaló que no había razón alguna para que la comisión rechazara el informe y que el presidente no estaba obligado a responder, “pero lo ha hecho”. Comentó que al respecto hay una opinión consultiva que absolvió la Comisión de Constitución donde se fija la decisión constitucional y por lo tanto la conducta del presidente estaba ajustada a lo que señala la Carta Política. Sería un error rechazar el informe, afirmó.

            La posición de Costa Santolalla fue en minoría porque tanto los congresistas Karina Beteta y Jorge Castro rechazaron el informe porque no bastaba una posición expresada por escrito. Beteta dijo que se estaba citando al presidente como testigo y que en  ningún momento se le había alcanzado un pliego interrogatorio, ni menos se ha dicho que es o no responsable de algo. Propuso que se solicitase la opinión consultiva sobre la situación creada a la Comisión de Constitución.

            Castro Bravo opinó que no defendía ninguna posición, pero los congresistas deben asumir la tarea de fiscalizar “caiga quien caiga”,  que las cosas no deben dejarse pasar por agua tibia y que deben entrar en valor la ética y la moral.

            Comentó que la lucha contra la corrupción no la hace el presidente de la República negándose a declarar y que era inaceptable que responda a la comisión por escrito.

            Ante la posibilidad de alcanzarle un pliego de preguntas específicas y la imposibilidad de que asista a la comisión o que el mandatario fije día y hora, García Belaunde dijo que no había que perder el tiempo, que había que pasar la página y seguir adelante. Finalmente, puesto al voto (con la oposición de Gino Costa), se aprobó solicitar opinión a la Comisión de Constitución.

PRENSA-CONGRESO  27-10-17

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