La Comisión Lava Jato acordó esta noche solicitar al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que explique -por escrito- las razones por las cuáles se ha recurrido al trámite de la extradición para cumplir con la prisión preventiva al ex presidente Alejandro Toledo Manrique dictado por el Poder Judicial y por qué el fiscal Hamilton Castro no consideró el delito de coima en la denuncia planteada contra el ex gobernante.

«¿Por qué no hay cómplices en los dos delitos -lavado de activos y tráfico de influencias- que se le imputan al ex presidente Toledo? ¿Por què no se ha tipificado el delito de coima?, ¿por qué el fiscal anticorrupción Hamilton Castro no comprendió al ex agente de seguridad presidencial Avi Dan On?, preguntó Mauricio Mulder (CPA).

La legisladora fujimorista Karina Beteta se adhirió a este planteamiento subrayando que a su criterio el delito de tráfico de influencias «está vencido» por lo que la imputación de presunto lavado de activos que se le atribuye al ex presidente Toledo Manrique «carece de delito fuente». Estos requerimientos fueron aprobados sin ningún voto en contra.

Igualmente, la comisión aceptó multipartidariamente el requerimiento planteado por el congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP) para que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) remitan al grupo investigador las razones de fondo para la dación del Decreto de Urgencia 003-2017, «por qué consagra la impunidad, toda vez que libera de todo a las empresas corruptas que contratan con el Estado».

Esto último motivó la réplica de su colega Gino Costa (PPK) quien rechazó el calificativo de «decreto de la impunidad» empleado por su colega acciopopulista y remarcó que lo que se busca con esa disposición legal es constituir «un fideicomiso que servirá como garantía en favor del Estado para el cobro de las reparaciones civiles a las empresas involucradas en el caso Lava Jato».

A solicitud de la legisladora Karina Beteta, la comisión parlamentaria aprobó -por unanimidad- pedir al Ministerio de Energía y Minas que remita toda la información contractual y demás referida al proyecto de modernización de la Refinería de Talara.

En la sesión de trabajo se presentó el ex integrante del Comité Pro Seguridad Energética en el proceso de selección Gasoducto Sur Peruano, Guillermo Lecarnequé Molina, quien aseveró que nunca recibió presión alguna del entonces ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga durante el ejercicio de su cargo que se desarrolló entre el 29 de enero del 2013 al 7 de mayo del 2014.

Dijo que lo único que le llamó su atención fue que el Comité Directivo de Proinversión -de 2013- no amplió el plazo para el proceso de licitación del proyecto Gasoducto Sur Peruano que sí hubiera permitido una mayor competitividad a la hora de elegir al mejor postor que se haría a cargo de la megaobra.

El presidente de la comisión Lava Jato, Víctor Albrecht (FP), confirmó que mañana jueves se presentarán tres nuevos invitados que forman parte del proceso indagatorio a su cargo.

En primer lugar asistirá el gerente general de Gasoducto Sur S.A., Mile Cacic Enríquez, quien deberá explicar el por qué ese consorcio fue descalificado del proceso de licitación para la construcción del Gasoducto Sur Peruano y en el cual ganó la constructora brasileña Odebrecht.

Albrecht confirmó la presencia del actual jefe de asesores de la PCM, Enrique Felices Saavedra -quien antes de asumir este puesto en el Poder Ejecutivo estuvo ligado a la constructora carioca OAS-  y del periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, quien aportará en la investigación parlamentaria sobre los actos de corrupción de las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiros Galvao y otros. (JSR)

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