La comisión de Justicia, bajo la presidencia del congresista Alberto Oliva, sesiona el jueves 3 y tiene como invitados al ministro de Justicia, Vicente Zeballos; a José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial; y al Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho.

            Los participantes fijarán sus posiciones respecto del proyecto 3745, sobre la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, cuyos integrantes “tendrán mucha responsabilidad porque ellos van a ratificar, destituir e investigar a los magistrados”, según opinó Oliva Corrales.

            Momentos antes del inicio de la sesión, el congresista Mauricio Mulder cuestionó la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. “Yo veo que es un proyecto excesivamente reglamentarista, tiene demasiado detalles, y comete una serie de errores, párrafos incomprensibles, usted no puede ser blanco, rojo, azul, dijo dirigiéndose al presidente.

                “Se les ha ocurrido mencionar una serie de prerrogativas, cuando ha podido decir ‘usted puede tener varios colores’ Este proyecto es contradictorio, una ley orgánica no puede estar hablando de licencia por enfermedad, de devengados para los trabajadores, eso lo dice un reglamento», remarcó el congresista aprista.

                El primero en usar de la palabra y sustentar la iniciativa es el ministro de Justicia, quien afirmó que luego de ser discutida, pueda ser a consideración del país por la situación que vivimos actualmente. Esta propuesta es producto de una consulta ciudadana, la que se realizó hace poco».

            Zeballos dijo que se quiere un sistema meritocrático; antes no había mérito ni paridad y esto se está tratando de corregir.

            «La Comisión Especial, explicó, tiene una única función: elegir a los miembros de la JNJ y luego entra a un receso. Se quiere una entidad autónoma, moderna, con participación de mujeres y hombres; asimismo, procura una justicia eficaz, transparente y libre de corrupción. Debe garantizar que los jueces gocen de idoneidad y solvencia moral y que brinde a la ciudadanía no solo seguridad, sino certeza».

            Esta comisión especial, informó el ministro, tiene siete integrantes. En el texto original del Ejecutivo se cambió la composición y la denominación, se le agrega un rector de las universidades públicas licenciadas, y que cuente con más de 50 años de vigencia al igual que las universidades privadas.

            Su función será tener a su cargo el concurso público meritocrático, el proceso selectivo, secretaría técnica especializada que podría ser asumida por SERVIR, pero sin embargo el Congreso dijo que esta secretaría técnica será designada por los miembros de la Comisión Especial.

            El conflicto de intereses tiene que motivar un nivel de inhibición, por eso se detalla de manera taxativa cuáles son los conflictos de intereses. Esta Comisión Especial que preside el Defensor del Pueblo, tiene un secretario técnico que debe provenir de SERVIR, con diez años de experiencia en la administración pública y en recursos humanos y una trayectoria intachable, dijo el ministro Zeballos.

PRENSA CONGRESO