Con la presencia de autoridades del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y dirigentes sociales, la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero, dirigida por la vicepresidenta María Jauregui Martínez de Aguayo (Renovación Popular), analizó la implementación de la Ley 31458, Ley que reconoce las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo su emprendimiento.

En ese contexto, se presentaron Julio Demartini Montes, director general de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales, y Karim Jiménez Rojas, directora de Prestaciones Sociales Complementarias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para exponer los avances en la implementación de la reglamentación de la ley mencionada.

Asimismo, señalaron que las intervenciones que hace el Estado para el tema de seguridad alimentaria es una intervención intersectorial e intergubernamental que tienen un rol fundamental. En ese sentido indicó que se ha venido trabajando con el Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario, Producción y otras entidades como los gobiernos regionales y locales.

Además, indicaron también que sobre la Ley 31458 se hace un reconocimiento formal a las ollas comunes, acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de esta ley; no obstante, dijo, están apuntando a seguir sensibilizando a las municipalidades para que puedan facilitar a las organizaciones los tramites, de tal manera que sean gratuitos.

Por su parte, Jessica Huamán Vilca, presidenta del Frente del Concejo Municipal Contra el Hambre de Lima Metropolitana, mencionó que la ley no tiene un enfoque en el marco de la emergencia, es burocrática respecto a las inscripciones de las ollas comunes, por ello ven la necesidad de que la ley pueda tener un mejor enfoque en relación de ayuda humanitaria.

Posteriormente, se presentó Abilia Ramos Alcántara, presidenta de la Red Distrital de Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, para exponer sobre los problemas en la implementación y reglamentación de dicha norma.

En ese sentido, comentó que desde el 2020 se organizaron y han solicitado ayuda al Estado para que pueda ayudar con alimentos y también que haya una fiscalización desde el Congreso. Asimismo, precisó que el ente encargado de actualizar los padrones son las municipalidades,

“Hay ollas fantasmas que no están registradas, pedimos una reunión con las municipalidades porque hay ollas que se llevan la alimentación y las que están registradas no reciben esos alimentos”, indicó la dirigente.

Ante lo expuesto, la vicepresidenta María Jauregui Martínez de Aguayo indicó que se solicitará una reunión con la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para analizar esta problemática que vienen afectando a las familias de las ollas comunes.

Asimismo, la congresista Sigrid Bazán Narro (Cambio Democrático-JP) manifestó que después de 14 meses por fin se ha publicado el reglamento y consideró que la labor de fiscalización que tiene esta comisión va hacer énfasis en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho

“Se tiene que tener en cuenta que necesitamos una acción mucho más rápida, el seguimiento de que esas ollas estén trabajando para sus comunidades y atender a las personas vulnerables”, puntualizó la parlamentaria.

OFICINA DE COMUNICACIONES.