La Comisión Especial revisora del Código Ejecución Penal, que preside Alejandro Muñante Barrios (RP) eligió esta tarde, en su décimo octava sesión ordinaria, y por unanimidad, a Edward Vega Rojas, como nuevo secretario.

Edward Vega Rojas, asesor del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitencia (INPE), asume este cargo en reemplazo del renunciante exjefe del INPE, Federico Llaque Moya.

En el inicio de la orden del día, la comisión recibió a la titular del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, quien sostuvo ante sus integrantes que existe una confusión cuando se pretende que la supervisión del Expediente 05436-2014-PHC/TC “alcanza al poder disponer de políticas públicas”.

“Nosotros consideramos que esa (la supervisión) no es una competencia nuestra”, precisó.

Cabe destacar que, el mencionado informe, estableció como acuerdo que, si al 2025 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no logra solucionar la problemática del hacinamiento en las cárceles, deberán cerrar dichos establecimientos.

“Por ello es que, al ingresar el nuevo colegiado, indicó, se dejó sin efecto una resolución administrativa que creó la Comisión de Supervisión de Sentencias, que no tenía delimitada sus atribuciones”; y más bien expuso que dicha “supervisión, le correspondería a la Defensoría del Pueblo, que es la que tiene que velar por el respeto a los derechos constitucionales”, dijo.

Pacheco Zerga manifestó que “la misión del TC, según la Constitución, es que, en un caso de conflicto, es decir quién tiene derecho, y cuál es su derecho”.

Luego, sostuvo que la ampliación hacia el 2030, para que se cumplan con las metas que se han propuesto, es porque hay una norma que establece la política penitenciaria hasta dicho año, y un estudio efectuado por el Ministerio de Justicia.

PENALIDAD DE ADOLESCENTES
De inmediato, expuso el jefe de la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Tiberio Martínez Rivera, para que informe sobre la aplicación y tratamiento que se viene dando a la Ley 32330, que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Martínez Rivera informó a la comisión que, de acuerdo con información entregada por el Instituto Nacional Penitenciario, a la fecha, 35 adolescentes han sido puestos a su disposición para ser internados en los establecimientos penales “por haber cometido delitos como si fueran adultos”.

Seguidamente, contextualizó esta cifra con la información de que existen en el país 2.3 millones de adolescentes entre los 14 y los 18 años, un número constante que no ha variado mucho en los últimos cuatro años.

De ese número, según la información brindada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, los jóvenes entre los 15 y 29 años considerados NINI, los que no ni trabajan ni estudian, se van incrementando en el tiempo.

Más adelante se detalló en qué jurisdicciones se encuentran los 35 adolescentes detenidos y se precisó, ante una consulta de Alejandro Muñante Barrios, que se ha identificado el Penal de Ancón II como el apropiado para recibir a estos adolescentes.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL