La Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria encargada de estudiar y presentar una propuesta de Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia en el Perú, presidida por la congresista María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular), analizó las principales deficiencias y propuestas de mejora vinculadas a la administración pública, con especial énfasis en la actuación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

Durante la sesión extraordinaria, celebrada esta mañana, Alva Prieto destacó la relevancia de evaluar los factores que originan la judicialización de las decisiones administrativas y su impacto en la eficiencia del sistema de justicia, remarcando la necesidad de impulsar reformas normativas que fortalezcan la seguridad jurídica y la eficacia de las resoluciones emitidas por las entidades públicas.

El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso Payva, centró su intervención en los vacíos normativos que enfrenta el Tribunal del Servicio Civil, principalmente la carencia de poder coercitivo para asegurar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones por parte de las entidades públicas.

En ese sentido, se informó sobre la elaboración de un proyecto de ley orientado a dotar a la institución de la facultad de aplicar multas coercitivas como garantía de cumplimiento.

Asimismo, Valdivieso Payva propuso restringir la posibilidad de que las propias entidades públicas impugnen las decisiones del Tribunal en procesos contencioso-administrativos, reservando dicha facultad únicamente al servidor afectado, al tratarse de un procedimiento de naturaleza recursiva.

De igual manera, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de SUNAFIL, Hernán Murgas Solórzano, abordó la misma problemática desde la perspectiva de la fiscalización laboral, detallando los obstáculos operativos y legales que inciden en la validez de los procedimientos administrativos.

Advirtió que uno de los principales inconvenientes radica en el requisito legal que obliga al envío de una alerta previa al administrado antes de efectuar la notificación principal mediante casilla electrónica, situación que, sumada a fallas del sistema o a eventos extraordinarios como el ciberataque sufrido por la institución durante aproximadamente uno o dos meses, impide que dichas alertas lleguen oportunamente.

“Esta circunstancia puede generar la nulidad de todo el procedimiento inspectivo o sancionador, invalidando el trabajo realizado por la entidad”, subrayó Valdivieso Payva.

En ese contexto, planteó la necesidad de revisar la eficiencia de este requisito, tomando como referencia el modelo aplicado por el Poder Judicial, donde las partes están obligadas a revisar su casilla electrónica sin requerir una alerta previa.

La sesión concluyó con el compromiso de la comisión de continuar evaluando propuestas normativas orientadas a reducir la judicialización innecesaria de decisiones administrativas y a fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, en beneficio de la eficiencia del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL