La Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria encargada de estudiar y presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia en el Perú, presidida por la congresista Maricarmen Alva Prieto (bancada AP), aprobó por unanimidad el Informe Final – Etapa II, documento que contiene propuestas orientadas a modernizar y fortalecer las principales instituciones del sistema de justicia del país.

Durante la sustentación del informe, la presidenta de la comisión destacó que la reforma debe ser entendida como una política de Estado destinada a fortalecer la institucionalidad democrática, garantizar el acceso a la justicia y consolidar un servicio público eficiente, independiente, transparente, predecible y confiable.

El trabajo desarrollado por la comisión se sustentó en los principales estudios y diagnósticos nacionales e internacionales sobre el sistema de justicia, entre ellos, el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia, el Acuerdo Nacional por la Justicia, la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia y el Estudio de la Justicia de la OCDE para el Perú.

Asimismo, contó con el respaldo de un Consejo Consultivo integrado por destacados juristas y con la participación de representantes de todas las instituciones vinculadas al sistema de justicia.

AMPLIO PROCESO DE DIÁLOGO Y DESCENTRALIZACIÓN

Como parte de su labor, la comisión realizó 31 sesiones de trabajo en las que participaron 91 autoridades, especialistas y representantes institucionales. También desarrolló cinco sesiones descentralizadas en distintas regiones del país, donde recogió propuestas y diagnósticos sobre los principales desafíos que enfrenta la justicia fuera de Lima.

Estas jornadas permitieron identificar problemas especialmente críticos en las regiones, relacionados con infraestructura, acceso a la justicia, carga procesal, justicia intercultural, conectividad, logística institucional y coordinación entre entidades.

La comisión también promovió espacios de diálogo académico con universidades, incorporando los aportes de docentes, estudiantes y especialistas sobre la formación de operadores jurídicos, la ética profesional y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones.

SEGUNDA ETAPA DE LA REFORMA

El informe aprobado corresponde a la segunda etapa del proceso de reforma, enfocada en la elaboración de propuestas de modificación de las leyes orgánicas del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, con el fin de adecuar el marco legal vigente a la propuesta de reforma constitucional aprobada previamente por el Congreso.

La propuesta relativa al Poder Judicial toma como base el anteproyecto de nueva Ley Orgánica elaborado por una comisión especializada promovida por dicha institución en 2023. En el caso del Ministerio Público, se sustenta en iniciativas desarrolladas por la propia entidad, así como en resoluciones, informes técnicos y estándares internacionales orientados a fortalecer la carrera fiscal, los mecanismos de control, la productividad institucional y la meritocracia.

Respecto al Tribunal Constitucional, se plantean modificaciones puntuales destinadas a armonizar su normativa con la propuesta de reforma constitucional.

La presidenta de la comisión precisó que las propuestas contenidas en el informe constituyen documentos de trabajo que deberán ser ampliamente debatidos durante el próximo período parlamentario, dada su complejidad y trascendencia para el país.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL