Con las declaraciones de funcionarias del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público vinculadas a las investigaciones del caso Lava Jato en el Perú, la Comisión investigadora de actos vinculados a la colaboración eficaz entre la empresa Odebrecht y el Estado, que preside el congresista Alejandro Muñante Barrios (RP), desarrolló su sexta sesión ordinaria.

El titular de la comisión informó que otro de los convocados para la sesión, el fiscal José Domingo Pérez Gómez, solicitó la reprogramación de su asistencia prevista para hoy.

La primera en responder a las interrogantes de la comisión fue la procuradora pública ad hoc Silvana Carrión Ordinola, quien se refirió a los antecedentes de caso desde el 2017 y todo lo hecho por su gestión en referencia a la reparación civil a favor del Estado en el marco de la colaboración eficaz.

Indicó que la empresa brasileña está comprometida con nuestro país con el pago de 1,393 millones de soles, de los cuales, ha pagado el 25 %, aunque tiene un plazo de cinco años para cancelarlo.

Asimismo, entre otros aspectos, dijo que, en función al trabajo de la Procuraduría, se promovió el pago de 568 millones de soles por tributación a la Sunat, y que gracias al acuerdo de colaboración eficaz y en virtud de la aplicación de la Ley 30737, se hizo efectivo el pago de esa deuda tributaria.

Carrión Ordinola señaló que, desde el 2017 hasta el presente año, el caso Odebrecht ha significado para el Estado una inversión de 50 millones de soles, pero que los resultados hasta el momento, por intervención de la Procuraduría, implica un resarcimiento de 610 millones de soles por reparación civil.

Asimismo, que en virtud de la Ley 30737 se abrió el camino para la investigación de otros casos. Al momento están litigando por 6000 millones de dólares: Gasoducto, Loreto, IIRSA Norte, carretera Tarapoto y el de Susana Villarán, por supuestos aportes ilícitos.

La segunda funcionaria en presentarse fue la fiscal provincial titular especializada en delitos de corrupción, Nora Córdova Alcántara, quien indicó, ante una pregunta de Muñante Barrios, que no es parte del protocolo el cambio de un fiscal en una diligencia en el caso de intervención de la sede de IDL Reporteros que habría sido ordenada por el entones fiscal de la nación, Pablo Sánchez.

La intervención fue para la investigación de unos audios que había emitido la referida entidad en el 2018. Posteriormente, la sacaron del caso y fue denunciada por distintos hechos.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL