La Comisión de Vivienda y Construcción, que preside la legisladora Rosselli  Amuruz Dulanto (Avanza País), aprobó, por insistencia, la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo, que propone, “declarar de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio de las comunidades campesinas”.

La norma incorpora en el proceso de formalización a los pobladores que forman parte de posesiones informales constituidas del 2004 al 2015 con multas de vivienda sobre propiedad comunal.

Indica que las autoridades pertinentes procederán a formalizar y registrar las tierras ocupadas por los asentamientos humanos, con el fin de adjudicar y registrar la propiedad individual de los lotes a sus ocupantes.

Se exceptúan las tierras de los centros poblados que estén formados, dirigidos y gobernados por la propia comunidad. Adicionalmente, se excluye de la aplicación del presente inciso a las tierras de las comunidades campesinas pertenecientes a pueblos indígenas u originarios.

Para dicho efecto, de forma previa al proceso de formalización y registro de tierras ocupadas por asentamientos humanos o centros poblados, las entidades competentes solicitan informe técnico sobre la pertenencia de la comunidad a pueblos indígenas u originarios.

La congresista Digna Calle Lobatón (PP), señaló que su propuesta beneficiará a más de 65 mil familias de escasos recursos, las que tendrán la oportunidad de ser reconocidas por Cofopri, con lo cual tendrán acceso a un techo y seguridad para los miembros de sus hogares.

“Llamo a la reflexión para aprobar este proyecto de ley a fin de beneficiar a quienes durante muchos años han vivido en esos espacios, que no tienen condición de originario ni indígena”, afirmó.

Por otro lado, la comisión archivó el dictamen  recaído en el Proyecto de Ley 05091/2022-CR, que propone la Ley que prorroga el plazo para iniciar la expropiación dispuesta por la Ley 30764.

Sustentación

El congresista Juan Carlos Mori Celi (AP), sustentó su proyecto de Ley 07718/2023-CR, que propone la Ley que promueve el marco legal para garantizar el saneamiento físico-legal de los bienes del sector salud destinados a establecimientos de salud pública.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL