La Comisión de Vivienda y Construcción ha dictaminado siete proyectos de ley de impacto social porque están orientados, preferentemente,a promover la pronta solución a la actual carencia de agua potable y alcantarillado en el país.

Según el informe de gestión, cinco de los siete dictámenes están referidos a la dación de leyes declarativas: la pronta ejecución de los proyectos de mejoramiento de los servicios de agua potable y de los sistemas sanitarios en varios distritos de Acobamba, Huancavelica; en Urubamba (Cusco); en El Arenal (Paita) y Curumuy (Piura) así como en Bagua Grande (Utcubamba, Amazonas).

Se aprobó también el dictamen de insistencia para declarar de necesidad pública e interés nacional la ejecución de los proyectos para la rehabilitación del sistema de agua potable y desagüe del distrito de Contamana (Ucayali) y en Caballococha (Loreto).

De igual manera se aprobó el dictamen recaido en el proyecto de ley 092-2021 mediante el cual se promueve la construcción y equipamiento de viviendas rurales, con el fin de reactivar la economía nacional afectada por la COVID-19, y el que propone modificar el Decreto Legislativo 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

De otro lado, la Comisión de Vivienda conformó tres grupos de trabajo, a saber: la que fiscaliza la ejecución presupuestal, la gestión administrativa y la implementación de programas y proyectos en vivienda y construcción; la que realiza un seguimiento al cumplimiento de metas de los proyectos de agua potable y saneamiento urbano y rural y aquella abocada a fiscalizar el proceso de titulación y formalización de la propiedad ocupada por asentamientos humanos y titulación de tierras en comunidades nativas e indígenas.

En cuanto a control político, en dos oportunidades se presentó el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado para exponer su política sectorial al igual que el presidente de Sedapal, Francisco Dumler, quien rindió cuentas acerca de sus planes de inversiones de las obras de agua y alcantarillado para los distritos de San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador.

También se presentaron los directivos de OTASS, del Fondo Mi Vivienda, de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento y de la Asociación Peruana de Entidades Técnicas.

Durante la primera legislatura, la Comisión de Vivienda organizó diez mesas de trabajo con autoridades del sector para atender, por ejemplo, el aniego y corte de agua potable en San Juan de Lurigancho; el saneamiento físico legal de los predios informales en la región Ancash así como para la dación de leyes que protegan a los usuarios de los cobros excesivos en el suministro de agua potable y el equipamiento de viviendas rurales, entre otros temas.

OFICINA DE COMUNICACIONES