Comisión de Vivienda aprobó proteger a usuarios que padecen cobros excesivos por consumo de agua potable y alcantarillado

Centro de Noticias del Congreso

10 Ene 2022 | 20:33 h

La Comisión de Vivienda y Construcción, que preside el legislador Jhaec Espinoza Vargas (AP), aprobó -por mayoría- el dictamen que propone al pleno del Congreso aprobar una ley para proteger a los usuarios ante cobros excesivos en el suministro de agua potable y garantizar el cobro de la tarifa social por el servicio de agua y alcantarillado a las entidades del Estado.

La propuesta incorpora un párrafo en el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, el cual queda redactado en los términos siguientes: «por el uso de agua potable y alcantarillado, por parte de las entidades públicas, los prestadores de los servicios de saneamiento, sólo podrán cobrar la tarifa social».

Indica que los usuarios tienen el derecho irrenunciable de presentar reclamos ante la autoridad competente sin límites ante eventuales cobros atípicos de consumo de agua potable y alcantarillado, y obtener nuevas facturaciones conforme al consumo histórico.

La Comisión de Vivienda igualmente aprobó -por mayoría- declarar de necesidad pública e interés nacional «el uso público de la fracción 2 Reintegrante de la Hacienda de Pampahuasi de la parroquia de Belén, del distrito de Santiago, provincia de Cusco».

La propuesta tiene como finalidad que los cusqueños tengan un espacio público para realizar actividades culturales, artísticas, de acuerdo al derecho al sano esparcimiento consagrado en el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado.

El tercer tema de la agenda legislativa que fue aprobada en la Comisión de Vivienda fue el que plantea autorizar la instalación de servicios públicos en las comunidades campesinas ubicadas «en bienes inmuebles prehispánicos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. No están comprendidas las ocupaciones ilegales referidas en el artículo 27 de la Ley General de Patrimonio Cultural (Ley 28296)».

Quedó pendiente de debate la propuesta de dictamen que plantea impedir la titulación de corralones y lotes en abandono en los procesos de formalización, así como establecer criterios de atención prioritaria para la titulación automática de posesiones informales en centros urbanos informales, urbanizaciones populares y asentamientos humanos no formalizados.

Antes de estas deliberaciones, se presentó la representante de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo del Ministero de Vivienda, quien expuso su plan de trabajo para la protección de viviendas vulnerables respecto a riesgos sismicos.

OFICINA DE COMUNICACIONES

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