Comisión de Transportes solicitará agendar proyecto que brinda estabilidad jurídica a trasportistas

Centro de Noticias del Congreso

07 Abr 2021 | 17:30 h

La Comisión de Transportes y Comunicaciones acordó solicitar a la Mesa Directiva del Congreso de la República, agendar el dictamen del Proyecto de Ley 06306/2020, Ley de estabilidad jurídica para garantizar la cobertura adecuada y la continuidad del servicio de transporte público en Lima y Callao, principal punto de reclamo de los transportistas de Lima y Callao.

Fue al finalizar una sesión extraordinaria en la que participaron el viceministro de Transportes, Paúl Werner Caiguaray Pérez; la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao, María Jara Risco; y los representantes de diversos gremios de transportistas de Lima y Callao que efectuaron un paro de labores el día de hoy.

Asimismo, aprobaron oficiar al Ministerio de Economía y Finanzas para que informe sobre la evaluación del subsidio que solicitan los transportistas, así como al Ministerio de Salud para saber cuál es el avance del pedido de la ATU concerniente a la vacunación de los transportistas en la segunda fase, y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para instalar una mesa de trabajo con la mediación de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

Luego de escuchar a los representantes de los gremios, al viceministro de Transportes, a la presidenta ejecutiva de la ATU, y a los congresistas que participaron en la sesión, el titular del grupo de trabajo, Luis Simeón Hurtado, informó el cronograma que se ha seguido con la aprobación del citado proyecto.

Exigió además a las autoridades presentes a redoblar esfuerzos en la articulación de acciones para que el ciudadano no se quede sin transporte, y exhortó a flexibilizar los requisitos, sobre todo en la adquisición de un GPS, para que los transportistas accedan a la autorización automática de sus rutas hasta por cinco años.

Precisamente, los dirigentes gremiales coincidieron en que los principales puntos de su pliego de reclamos se basan en el pedido de estabilidad jurídica (automática por cinco años), subsidios económicos, devolución del impuesto selectivo al consumo (ISC), reducción del costo del combustible, rescate económico por deuda (moratoria) y la vacunación de sus agremiados.

Paúl Werner Caiguaray Pérez mencionó que su sector es dialogante y que permanentemente se reúne con los gremios, pues “buscamos siempre soluciones”. Muchas de las estas ya no dependen de nosotros, indicó. Señaló que este año “se ha vuelto a articular dicho subsidio (solicitado), porque nos interesa que salga”.

La titular de la ATU, María Jara Risco, hizo un balance de las últimas reuniones de trabajo con los diversos gremios de transportistas y con los dueños de las empresas de transportes, “porque el tema es altamente complejo”.

Ella está a la espera de la aprobación del proyecto mencionado, porque dota a su entidad “de las capacidades y competencias para establecer autorizaciones bajo un régimen de transición. Es un aspecto muy importante, porque hay intereses y posiciones completamente diversos”.

“Muchos de ellos con la mira de un sistema de transportes con mayores requisitos, y otros que necesitan el tiempo y el convencimiento para comprender que los usuarios del transporte necesitan un servicio distinto al que están acostumbrados en servir”, indicó.

Luego de aprobarse el proyecto solicitado, entraría en vigor un reglamento que ya se encuentra proyectado.

La funcionaria dijo que se ha trabajado el sustento técnico de un nuevo subsidio y ya se ha entregado al MEF, para ello se ha solicitado a los transportistas que “alcancen data que les permita un diagnostico real (solo 44 empresas han accedido a Reactiva), necesitamos datos para diseñar un programa idóneo. Y no se ha entregado esa información”.

Más adelante, ante la intervención de los congresistas Robinson Gupioc Ríos (PP) y Marcos Pichilingue Gómez (FP), María Jara informó que el MEF destinó en el 2020, mediante un Decreto de Urgencia, la suma de 96 millones de soles para subsidiar a los transportistas, de los cuales solo se pudieron entregar 32 millones y el resto retornó al tesoro público.

Respecto “al subsidio que se trabajó para financiar costos indispensables, no fue un cheque en blanco, se tenían que cumplir requisitos. El más importante es conectarse a la GPS para que cumplan con el recorrido de sus rutas y con los protocolos sanitarios establecidos”. Es por ello que muchos transportistas no quisieron adecuarse a dichos requisitos.

Sobre la vacunación, dijo, la ATU ha elaborado el diagnóstico y ha trasladado a la junta evaluadora del Minsa para que los operadores del transporte urbano se incluyan en la segunda fase del proceso de vacunación. “No es una promesa, es una gestión que se ha realizado. La entidad rectora emitirá su respuesta. Son millones de peruanos que esperan la vacuna”.

OFICINA DE COMUNICACIONES

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