La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, presidida por el congresista Alex Paredes (SP), desarrolló este viernes una mesa de trabajo centrada en el cumplimiento de la Ley N.° 32173, norma que autoriza al Ministerio del Interior (Mininter) a revisar casos de vulneración de derechos del personal de Sanidad de la Policía Nacional del Perú (PNP). El objetivo fue garantizar la transparencia en los procesos y asegurar el respeto de los derechos del personal afectado.

Durante la sesión participaron el comandante PNP Luis Amoretti Hernández, jefe del Departamento de Promoción y Nombramiento de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP; el coronel Luis Enrique Chávez Romani, secretario de la Subdirección de Unidades de la PNP; y el asistente jurídico Joseph Arévalo Cotrina, asistente del Departamento de Promoción y Nombramiento CAS-PNP.

LEY N.° 32173 Y EL PROCESO DE REVISIÓN DE CASOS

El presidente de la comisión, Alex Paredes, recordó que la Ley N.° 32173, publicada el 27 de noviembre de 2024, autoriza al Mininter a revisar en un plazo máximo de seis meses los casos del personal egresado del Centro de Formación Profesional de Sanidad PNP, tanto en actividad como en retiro.

“La norma permite subsanar, resarcir o reivindicar los derechos vulnerados, otorgando los beneficios de ley correspondientes”, explicó Paredes, quien añadió que el Mininter debía informar al Congreso, específicamente a la Comisión de Defensa Nacional, sobre los resultados de las revisiones.

El parlamentario resaltó que el propósito de la mesa era conocer los avances del proceso y las acciones del Mininter respecto a las peticiones de oficiales y técnicos que aún no recibieron respuesta. “Hay grupos de profesionales que han presentado formalmente sus solicitudes, pero no han obtenido respuesta. Queremos saber en qué situación quedan”, sostuvo.

En ese sentido, el comandante Luis Amoretti Hernández informó que, tras la publicación de la ley, el Mininter encargó a la División de Promoción y Nombramiento conformar una junta especial para atender el cumplimiento de la norma. “La junta fue aprobada a mediados de marzo, con 14 integrantes entre presidente, vocales y secretario”, precisó.

Agregó que la comisión trabajó entre marzo y mayo, atendiendo 790 expedientes, de los cuales 277 administrados fueron beneficiados y 503 no lograron sus pretensiones al no encontrarse fundamentos suficientes. “Las decisiones fueron adoptadas de manera colegiada, tras una evaluación detallada de cada caso”, afirmó Amoretti.

Asimismo, señaló que el informe final fue remitido al comando institucional y posteriormente al Ministerio del Interior, que devolvió observaciones. “Se pidió que el informe incluya un análisis jurídico y un estudio del impacto económico sobre los beneficiados”, explicó. También indicó que algunos casos serían reevaluados y que se emitieron notificaciones formales a los administrados no favorecidos.

REVISIÓN LEGAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Por su parte, el asistente jurídico Joseph Arévalo Cotrina explicó que la comisión revisora nunca negó la existencia de vulneraciones de derechos, pero que sus decisiones se basaron en criterios legales previos.

“No se ha actuado de manera arbitraria ni maliciosa. Se aplicaron las leyes 30693 y 32173, que ya habían resarcido parcialmente a varios grupos. En algunos casos, se determinó que no correspondía nuevo resarcimiento”, aclaró.

Arévalo también destacó que los administrados pueden presentar recursos de reconsideración y que dichos pedidos están siendo evaluados. “Los recursos ya fueron interpuestos y serán revisados por las instancias correspondientes”, puntualizó.

TESTIMONIOS DEL PERSONAL AFECTADO

Durante la sesión, representantes del personal de sanidad expusieron su preocupación por la falta de resarcimiento integral. Una de las voceras, la abogada Graciela, señaló que las enfermeras de la PNP fueron “el grupo más vulnerado”, ya que permanecieron más de veinte años en condición de civiles, mientras otros grupos con menos tiempo fueron beneficiados con diversas leyes.

“Nos sentimos vulneradas en nuestros derechos. Si la comisión reconoce que hubo afectación, debe subsanar estos casos”, manifestó.

Ante ello, el comandante Amoretti Hernández reiteró su compromiso con la revisión exhaustiva de los expedientes pendientes. “Vamos a trabajar minuciosamente para revisar cada documento impugnatorio y buscar propuestas que favorezcan a todos”, aseguró.

COMPROMISO DE CONTINUIDAD Y TRANSPARENCIA

En ese marco, el presidente Alex Paredes resaltó que el proceso aún no puede considerarse cerrado, ya que varios administrados presentaron contradicciones al resultado.

“Si las personas sienten que no fueron atendidas, pueden ejercer su derecho constitucional a la defensa. Esto demuestra que el caso no está cerrado y que se debe seguir evaluando hasta garantizar justicia”, concluyó.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL