Congresistas de diversas bancadas opinaron sobre el Decreto Supremo nro. 001-2022-TR que aprueba el Reglamento de la Ley nro. 29245 y del Decreto Legislativo nro. 1038, que regulan los servicios de tercerización, aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Fue el viernes 11, durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que preside la congresista Isabel Cortez Aguirre (JP), luego de la presentación de Ernesto Aguinaga, director general de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

La legisladora Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País) dijo que la normativa atenta contra la Constitución Política del Perú, contra la libre contratación y la libertad de empresa contemplada en el artículo 59, tal y como lo han expresado más de 50 expertos en materia de derecho laboral.

Agregó que es un golpe durísimo al trabajo formal y a la micro y pequeña empresa que serán los más afectadas.

“No se ha evaluado cuál va ser el impacto que va a tener esta legislación en el mercado laboral, en la formalización, ni tampoco cuál es la capacidad que tienen las empresas absorber a estos trabajadores”, sostuvo.
En la misma línea, la parlamentaria Tania Ramírez García (FP) consideró que el DS vulnera el artículo 51 de la Constitución, que crea nuevos conceptos de actividad especializada y de núcleo de negocio.

“El DS 001-2022-TR introduce nuevas causales de desnaturalización de la tercerización por lo que una vez más excede los parámetros de la ley. Si se quiere introducir nuevas causales en este caso deben ser incorporadas modificando la Ley 29245”, manifestó.
Agregó que los expertos señalan que el DS 001-2022 genera problemas de limitación en las estructuras de contratación de terceros, incremento de costos laborales, reducción de empleo formal, despidos masivos por aumento de costos laborales.

Por su parte, el congresista Jorge Marticorena Mendoza (PL) dijo que la tercerización es muy negativa para el trabajador peruano que solo ha permitido beneficiar a la empresa en perjuicio de la clase trabajadora.

Explicó que en EsSalud hay muchos empleados que son maltratados, que no se les paga sus sueldos y que las empresas evaden su responsabilidad.
“Entiendo que debido a la coyuntura algunas cosas se tercericen porque el Estado no tiene la capacidad para responder oportunamente frente a un problema que se ha generado. En razón a ello, es importante que se aclare si la tercerización hasta ahora con la experiencia que se tiene ha permitido resolver la necesidad de recurso humano”, expresó.

De igual forma, Jaime Quito Sarmiento (PL) consideró que a lo largo de los años, bajo el pretexto de generar puestos de trabajo, esta se ha dado de forma precaria, es decir, no respetando los derechos del trabajador.

SUSTENTACIONES

Seguidamente, la Comisión de Trabajo escuchó la sustentación del proyecto de ley nro. 1118/2021-CR que plantea autorizar el retiro extraordinario de los fondos privados de pensiones en el contexto de la pandemia COVID-19, a cargo del legislador José Luna Gálvez (PP),

Explicó que la iniciativa autoriza el retiro de hasta 4 UIT del total de los fondos acumulados en las Cuentas Individuales de Capitalización de los afiliados.

Indicó que se considera el retiro de 4 UIT cuando se evidencie que el trabajador se encuentre en situación de vulnerabilidad laboral y no haya aportado a la AFP al menos los últimos tres meses. Para aquellos que a la fecha sigan aportando al sistema privado de pensiones, se les autoriza el retiro de pensiones de hasta 2 UIT.

Además, consideró que el retiro no es inmediato, es escalonado y distribuido de manera gradual de tal forma que el impacto no es fuerte en un solo momento.

Igualmente, la congresista Digna Calle (PP) sustentó su proyecto de ley N°1119/2021, que propone autorizar a los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones al retiro facultativo de sus fondos hasta por importe de 4 UIT.

Señaló que con la iniciativa legislativa se busca resolver y aliviar la economía de más de 7 millones de afiliados aportantes y ex aportantes de las AFP, que son afectados por diversos factores.

“No podemos seguir permitiendo que a nuestros hermanos de las AFP se le siga negando el derecho a disponer de sus propios recursos obtenidos con su esfuerzo y trabajo. Desde esta comisión debemos dar un mensaje claro y contundente que estamos legislando en favor de los más necesitados”, sostuvo.

OFICINA DE COMUNICACIONES