La Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, presidida por el parlamentario Alfredo Azurín Loayza de la bancada de Somos Perú, continúa con sus sesiones. Esta vez analizaron los desafíos y acciones relacionadas a la suspensión, anulación, cancelación o similar de líneas telefónicas utilizadas en delitos de extorsión y otros.

Durante la sesión, se presentó presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Jesús Guillén Marroquín, quien expuso sobre las acciones relacionadas a la fiscalización respecto a la venta ambulatoria de sim card (chips de telefonía).

“A la fecha se ha dado de baja cerca de un millón y medio de líneas contratadas por temas de registros inconsistentes. Además, se ha solicitado a las operadoras la suspensión de baja de líneas por delitos de extorción, cumpliendo con los procedimientos”, señaló.

Los representantes de Integratel, Entel Perú, Claro y Bitel Perú coincidieron que se debe dar de bajas a las líneas que son utilizadas en los delitos de extorción y delincuencial, además solicitaron que la venta de chips de telefonía para la ciudadanía debe ser más estricta.

También, expusieron sus acciones relacionadas a la suspensión, anulación, cancelación, bloqueo y/o similar de redes de internet adyacentes a los establecimientos penitenciarios del Perú y modificatorias legislativas que contribuyan a la lucha contra la inseguridad ciudadana.

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