La Comisión de Salud, presidida por el diputado Miguel Huamán Cornejo (Fuerza Popular), aprobó por unanimidad, con 14 votos, el dictamen recaído en la Proposición Legislativa 00230-2026-2031, que establece medidas para la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de la salud de la población expuesta y afectada por metales pesados y otras sustancias químicas derivadas de la actividad minera.

La autora de la iniciativa, Haydee Poma Huamaní (Juntos por el Perú), advirtió que, según cifras oficiales citadas durante su exposición, más de 24 200 peruanos están expuestos a metales pesados y más de la mitad son niños menores de 12 años.

Explicó que el dictamen establece un plazo máximo de diez días hábiles para que la autoridad sanitaria comunique los hallazgos de contaminación a las entidades competentes, las cuales deberán responder en treinta días hábiles sobre las acciones que adoptarán. Asimismo, contempla la entrega oportuna de resultados toxicológicos y un mapa nacional de riesgos.

Durante el debate, Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular) respaldó la propuesta y alertó sobre el incremento de dragas y los daños que ocasiona la minería ilegal al ecosistema y a la salud de las poblaciones ribereñas.

Por su parte, Aldo Bravo Quispe (Renovación Popular) expresó su apoyo y planteó fortalecer el texto para evitar respuestas meramente formales de las autoridades, mediante medidas con metas concretas y presupuestos definidos.

Su colega de bancada, Leo De Paz Lancho, destacó el caso del caserío de Eureka, en Lambayeque, donde las advertencias sobre arsénico y contaminación microbiológica en el agua no han permitido corregir la fuente del problema. Subrayó la importancia de establecer plazos, responsables y atención a los afectados, cualquiera sea el origen de la contaminación.

Jessica Benitez Barrionuevo (Partido del Buen Gobierno) sostuvo que la atención de las personas expuestas no puede esperar a que concluya la remediación ambiental. Destacó que la propuesta permitirá una respuesta estatal coordinada para prevenir y reducir la exposición.

A su turno, Ana Yuffra (Fuerza Popular) propuso considerar recursos en el presupuesto de 2027 para cerrar las brechas de atención y fortalecer los laboratorios especializados que determinan los niveles de contaminación en los pacientes.

TRANSPARENCIA EN PRECIOS DE MEDICAMENTOS

Previamente, la comisión aprobó que el predictamen recaído en la Proposición Legislativa 00184-2026-2031-CD, de autoría de Diethell Columbus Murata (Fuerza Popular), sobre transparencia en la determinación de los precios de productos farmacéuticos, vuelva a ser estudiado por el grupo de trabajo para un mayor análisis.

El autor sostuvo que el texto presentado no recogía el objetivo de su iniciativa ni corregía los precios excesivos de medicamentos en clínicas. También cuestionó las restricciones previstas para la sustitución de medicamentos durante emergencias u hospitalizaciones.

Desde la misma bancada, Carlos Dominguez Herrera pidió preservar la protección económica del usuario, mantener mecanismos efectivos de devolución de cobros indebidos y precisar las responsabilidades de clínicas, aseguradoras, farmacias y autoridades fiscalizadoras. Milagros Takayama Jiménez respaldó el retorno del predictamen al considerar que desnaturalizaba la iniciativa y mantenía el problema de los precios por encima del mercado.

La cuestión previa fue planteada por Aldo Bravo (Renovación Popular), quien solicitó una mayor evaluación con especialistas para asegurar que el texto recoja la finalidad del proyecto y proteja los derechos de los pacientes.

Finalmente, el grupo de trabajo aprobó llevar a acabo varias sesiones no ordinarias descentralizadas en Tacna, Piura, Chiclayo, Amazonas, Arequipa y Áncash y una audiencia pública en Lima.

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