La Comisión de Salud y Población, presidida por la congresista Magaly Ruiz Rodríguez (APP), aprobó con 19 votos a favor el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 9763, el cual establece la obligatoriedad de activar un proceso de terapia familiar cuando se inicie un trámite de divorcio, tenencia o tenencia compartida en familias con hijos menores de edad.

Se trata del dictamen que propone la Ley que dispone la activación de la orientación preventivo promocional e intervención de salud mental para familias en procesos de separación, divorcio, tenencia o tenencia compartida con hijos menores de edad.

En ese sentido, busca proteger la salud mental de los niños y promover la conciliación entre los progenitores. El texto detalla que las sesiones deberán ser supervisadas por profesionales de psicología o psiquiatría y coordinadas por el órgano jurisdiccional correspondiente.

Congresista Magaly Ruíz preside la sesión de la Comisión de Salud y Población en la sala Martha Hildebrandt. (Congreso de la República/JReátegui)

Alcances y excepciones:
La iniciativa contempla excepciones en los casos en que la terapia no resulte viable, como en situaciones de violencia familiar o riesgo para la integridad de algún miembro del hogar. La terapia incluirá comunicación efectiva, manejo de conflictos y un ambiente emocionalmente seguro para los menores.

Los Centros de Salud Mental Comunitarios serán responsables de implementar el programa, definir la frecuencia de las sesiones y presentar un informe final sobre el estado psicológico de los integrantes de la familia.

Durante el debate, la autora del proyecto, Ruiz Rodríguez dijo que este nació de la preocupación de padres que buscan mecanismos legales y de conciliación para resolver conflictos por la custodia de sus hijos.

“Hoy presento un texto sustitutorio, trabajado con detalle y sensibilidad, que permitirá mantener el equilibrio de la familia incluso cuando esta se haya disuelto. Una familia puede cambiar de forma, pero nunca debería perder su esencia: el amor, el respeto y la protección de los hijos”.

Contexto del divorcio en el Perú
Según datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), en 2023 se registraron alrededor de 10 mil separaciones y, en 2022, más de 19 mil divorcios, la cifra más alta en nueve años. La mayoría de los casos son de mutuo acuerdo, aunque el 10 % corresponde a procesos contenciosos que derivan en disputas por custodia y régimen de visitas.

Expertos señalan que el divorcio constituye una etapa de transición que obliga a la familia a reorganizarse, lo que puede impactar de forma negativa en los hijos si no se manejan adecuadamente los conflictos.

MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE CÁNCER INFANTIL

La comisión también aprobó, con 17 votos a favor, el dictamen que modifica la Ley N.° 31041, norma de urgencia médica para la detección y atención integral del cáncer infantil y adolescente.

La iniciativa, presentada por la congresista Jessica Córdova Lobatón (RP), establece un plazo máximo de 10 días calendario para que los pacientes pediátricos con diagnóstico confirmado de cáncer sean referidos a centros especializados.

La propuesta busca garantizar un sistema de atención rápido y eficiente, eliminando demoras que pueden afectar el tratamiento oportuno.

“Este dictamen busca aliviar el sufrimiento de miles de familias y asegurar que ningún niño vea truncada su esperanza de vida por falta de gestión pública”, sostuvo Córdova.

Debate parlamentario

Durante el debate, el congresista Ernesto Bustamante (FP) sugirió ajustes en los artículos que regulan la cobertura financiera y la interoperabilidad de los sistemas de información. Asimismo, la congresista Kelly Portalatino (PL) planteó incorporar modificaciones en el artículo 6 de la ley.

Por su parte, la legisladora Francis Paredes (PP) remarcó que “estamos hablando de vidas y de la estabilidad emocional de nuestros niños. Esto no puede esperar hasta el próximo año”.

Impacto sanitario y social
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, cada año se registran 400 mil nuevos casos de cáncer infantil en el mundo. En el Perú, la incidencia bordea los 1,800 diagnósticos anuales, lo que representa un desafío para el sistema de salud.

La aprobación de este dictamen busca reducir la brecha de atención especializada y ofrecer un soporte integral a los pacientes y sus familias, reforzando el derecho a la salud y la vida de los menores.

MINISTRO DE SALUD EXPONE ANTE COMISIÓN

Más adelante, el ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, acudió a la comisión para brindar un informe general del sector y atender las consultas planteadas por los congresistas miembros.

Vásquez presentó un informe basado en cinco ejes: la cobertura de vacunación contra enfermedades inmunoprevenibles; la lucha contra la anemia y la desnutrición infantil; el abastecimiento de medicamentos para enfermedades raras y huérfanas; la ejecución de proyectos de infraestructura y equipamiento en los establecimientos de salud; y la implementación de normas sobre beneficios laborales en el Minsa, con el propósito de responder a las demandas de la población y fortalecer al personal sanitario.

Por su parte, el parlamentario Ernesto Bustamante (FP) señaló que la anemia no es una enfermedad, sino una condición que puede derivar en enfermedad, y advirtió que, de acuerdo con la OMS, en el Perú no existe un problema de salud pública por anemia, sino casos individuales que deben tratarse médicamente; por ello preguntó si el ministerio está cambiando su postura y si dejará de considerar la anemia como un problema de salud pública.

En otro momento, Magaly Ruíz consultó sobre los avances en la lucha contra la tuberculosis, en particular frente a la multidrogoresistencia, recordando que el Perú lidera los casos en América Latina y se ubica entre los primeros del mundo; además, cuestionó si el personal cuenta con equipos de protección adecuados y cómo se enfrentará la persistencia de altas tasas de anemia infantil y desnutrición crónica infantil que en 2024 superaron el 43 % y 12 % respectivamente.

Más adelante, Raúl Huamán (FP) pidió precisiones sobre la posibilidad de incluir el medicamento Ocrevus en el petitorio nacional de medicamentos esenciales, ya que resulta vital para pacientes con esclerosis múltiple, enfermedad que afecta a unas tres mil personas en el país.

Asimismo, Susel Paredes (BDP) solicitó información sobre el abastecimiento y distribución de tratamientos antirretrovirales, debido a las constantes quejas por la entrega incompleta de esquemas tanto en Lima como en las regiones.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL