La Comisión de Relaciones Exteriores continuó, el lunes 12, sus sesiones virtuales escuchando diversas opiniones de especialistas, organizaciones, entidades públicas y privadas sobre el Acuerdo de Escazú, el mismo que debe ser ratificado o no por el Congreso de la República.

Debido a temas urgentes por los que fue convocado a Palacio de Gobierno, el ministro del Interior, César Gentille Vargas, se excusó de asistir a la sesión y solicitó la repromagración de su participación para este martes 13, última fecha prevista para analizar el Acuerdo de Escazú.

El presidente de la comisión, Gilmer Trujllo Zegarra, consideró pertinente la justificación y lo puso en la agenda de este martes.

En otro momento, con una consulta, que registró el voto unánime de los miembros de la comisión, se aprobó invitar próximamente al Canciller Mario López Chávarry para que explique sobre la distribución en el país de vacunas en contra de la COVID-19.

TRANSPARENCIA

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra Quispe, dijo que en estos momentos ya no se trata del reconocimiento del derecho al ambiente -que es un derecho humano- sino su implementación a través de políticas públicas.

Recordó que Perú ratificó en 1995 el derecho al ambiente, como derecho humano.
Se refirió a la existencia de mafias que atentan contra sectores vulnerables: intereses territoriales y recursos naturales y que el Estado no tiene respuesta. Por ello, señaló que se requiere de normas que permitan actuar de inmediato y en forma eficaz en defensa de estos sectores.

Para Lanegra Quispe no existe una sobrelegislación ni se atenta contra la soberanía de los países, lo cual está explicitado en el referido acuerdo.

CONFIEP

También se presentó, de manera virtual, la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León Klenke, en representación de 22 gremios de la economía.

“No es un tratado ambientalista, sino de derechos humanos, los beneficiarios deben ser los afectados”, expresó la dirigente de la Confiep, quien agregó que existe la legalidad respectiva.

“Los estados deben mantener su soberanía y cada país debe escoger el modelo único de desarrollo de acuerdo a su realidad”, manifestó.

Por su parte, Hernán Cuba Chávez, profesional independiente, de acuerdo con el pensamiento de la Confiep, sostuvo que todos los aspectos que se plantean en el referido acuerdo están legislados en el Perú y que si se quiere afrontar los problemas, lo que se requiere es una mejor aplicación de las normas vigentes.

Asimismo, mencionó que es necesario la dotación de una mayor asignación de recursos económicos para que toda persona pueda acceder a los organismos competentes del Estado.

En su opinión, indicó que no es inevitable la suscripción del acuerdo y que no hay límites de tiempo para su ratificación por parte del Perú. “Tiene una redacción ambigua que demanda un mayor debate, acorde con la soberanía, integridad, territorio y el desarrollo de una república. Es un tratado de derechos humanos, que incluye nuevos derechos para organizaciones nacionales o extranjeras”, expresó.

Finalmente, otro invitado, que participó en las sesiones virtuales sobre el Acuerdo de Escazú, fue del alcalde de Contamana y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región Loreto, Héctor Soto García, quien señaló que el referido acuerdo no responde a la realidad y pidió una revisión seria de sus contenidos.

Coincidió con los representantes de su jurisdicción sobre que se agravia la soberanía y la independencia de los peruanos y habrá perjuicio a la inversión privada.

PRIORIDAD EN EL PLENO

De otro lado, en un primer momento de la sesión, la comisión aprobó, en forma unánime, solicitar que el Pleno del Congreso vea en forma prioritaria la resolución legislativa que aprueba el acuerdo que establece la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas transfronterizas entre la República del Perú y la República del Ecuador.

Fue a solicitud del congresista Luis Roel Alva (AP), quien reconoció el apoyo a su petición que busca el debate de una iniciativa que data del 2018.

De igual manera, con la misma votación, fue aprobada la incorporación del congresista Franco Salinas López (AP) a la Liga Parlamentaria de Amistad con Malasia.

PRENSA-CONGRESO