La Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP), archivó las propuestas de convenios provenientes del Poder Ejecutivo, suscritos entre el 2010 y 2012, con las que se buscaba otorgar a Bolivia acceso al Océano Pacífico por el puerto de Ilo y un punto de atraque.

Se trata del dictamen en negativo que fue aprobado por mayoría y que determinó el archivamiento de los Proyectos de Resolución Legislativa 00212-2021-PE presentado en el 2010 -que propone aprobar el Protocolo Complementario y Ampliatorio a los Convenios de Ilo suscritos entre Bolivia y Perú; y el 00215-2021-PE que propone aprobar el Acuerdo por Intercambio de Notas entre la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia, que precisa determinadas disposiciones del Protocolo Complementario y Ampliatorio a los Convenios de Ilo suscritos entre Bolivia y Perú en el 2012.

Tenían como objeto ampliar y ejecutar los Convenios de Ilo suscritos entre Perú y Bolivia el 24 de enero de 1992, a fin de conceder al país del altiplano una Zona Franca Industrial y Económica Especial (ZOFIE) por 99 años en un área de Ilo. En dicha zona se desarrollarían actividades industriales, de comercio exterior, así como de servicios conexos y actividades auxiliares, las que gozarían de excepciones y de un régimen especial en materia aduanera, tributaria y laboral.

Bustamante Donayre explicó que las dos propuestas ingresaron a la comisión, de conformidad con el acuerdo N.° 021 del Consejo Directivo del Congreso el pasado 17 de agosto del año pasado para que continúe el trámite en el que se encontraba al término de la legislatura anterior, que era de estudio.

El parlamentario indicó que las referidas precisiones de protocolo comprenden, entre otros aspectos, el derecho de navegación en aguas jurisdiccionales peruanas por parte de buques de la armada boliviana, deseo de siempre del país del altiplano; y el ingreso de buques bolivianos a los puertos peruanos, situaciones consideradas como “problemáticos” y que en aspectos comerciales limitaría el desarrollo económico de la parte sur del país.

Consideró también la existencia de controversia sobre la propiedad del terreno de la ZOFIE, que pertenece al Perú, en particular a Ilo.

El congresista Jorge Coyla Juárez (PB) planteó actualizar las propuestas habida cuenta que las opiniones de los diferentes ministerios sobre el particular están en el contexto del 2010 y 2012.
De otro lado, el grupo de trabajo también archivó, por mayoría, nueve votos a favor y cinco en contra, el predictamen de los proyectos de Resolución Legislativa N.° 0224/2021-PE, que proponía aprobar la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y la R.L N.° 00221/2021-PE, que proponía aprobar la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia.

Bustamante Donayre indicó que recibió la preocupación de la sociedad civil y cuatro entidades importantes, entre ellas, la Conferencia Episcopal Peruana, y que los argumentos técnicos sobre la intolerancia fueron esgrimidos en forma muy general.

Antes, por mayoría, la comisión no accedió a un pedido del ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo, quien solicitó -a través de un oficio- postergar la emisión del dictamen referido al proceso de ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia.

El argumento esgrimido por Landa Arroyo fue “trabajar en conjunto durante las próximas semanas a fin de viabilizar la ratificación de las convenciones”, tomando en cuenta también la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, suscritas por el Perú el 25 de octubre del 2016.

A favor de la propuesta se manifestó el congresista Guillermo Bermejo Rojas (PD), quien señaló la necesidad de un trabajo coordinado entre los dos poderes del Estado.

En contra se pronunciaron los congresistas Jorge Morante Figari (FP) y Bustamante Donayre, quienes consideraron que, al margen del tono diplomático, el pedido resultaba “imperativo” y que la comisión tenía que seguir su propia agenda.

OFICINA DE COMUNICACIONES