El proyecto de mejoramiento de la carretera Bolognesi – Túpac Amaru – Nuevo Italia – puente Sheshea, en el departamento Ucayali, y su impacto entre las poblaciones indígenas, fue el tema central que abordó hoy la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside Guillermo Bermejo Rojas (JP-VP).

Fue en su primera sesión extraordinaria descentralizada, realizada en el auditorio de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Ucayali, en la ciudad de Pucallpa.

En el inicio de la sesión, Bermejo Rojas manifestó su malestar por la decisión del ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, de no participar en esta reunión por «razones de fuerza mayor», y argumentó la necesidad de conocer las políticas públicas que dicho portafolio ha puesto en marcha para salvaguardar la integridad de los pobladores y territorios indígenas.

Para abordar la problemática mencionada, la comisión invitó al director ejecutivo de Provias Descentralizado, Oscar Chávez Figueroa, sin embargo, solo participaron dos funcionarios zonales Jhonny Salas Pomalaza y Wilfredo Peña Moran.

Ellos sostuvieron que esta es una obra que se encuentra dentro de las responsabilidades del Gobierno Regional de Ucayali, y con la cual se cuenta con un convenio firmado. El expediente técnico aún está en marcha y señalaron la importancia de que algunos distritos puedan afrontar la construcción de ciertos tramos que ampliarían el eje vial.

El legislador Guillermo Bermejo Rojas señaló que estamos ante un problema estructural del Estado peruano, cuyas entidades cumplen sus funciones sin conocer la actividad de la otra, de allí la importancia de hacer un seguimiento de estas obras y cuestionar a las autoridades responsables por el correcto desarrollo de las obras y, sobre todo, respetar a los pueblos y trabajar de manera coordinada.

Luego, la parlamentaria Ruth Luque Ibarra (BDP) puso en el debate la necesidad de organizar una consulta previa entre las poblaciones indígenas que van a ver sus territorios atravesados por este eje vial.

“Un proyecto vial debe ser debidamente analizado y consultado a quienes se supone van a beneficiar”, dijo. Agregó que la construcción de carreteras, al final, podría terminar facilitando la organización de economías ilícitas.

En tanto, Elvis Vergara Mendoza (AP) denunció el abandono del Estado, «hasta el punto de confundir las etnias». Se mostró de acuerdo con la construcción de la carretera, siempre y cuando se protejan sus derechos, pues qué hacemos para integrarlos y llevarles salud y educación a los pueblos indígenas, de preguntó.

En la sesión estuvo presente también el congresista Roberto Kamiche Morante (APP), quien se mostró de acuerdo con la organización de una mesa técnica que analice el proyecto y entregue propuestas más integrales para beneficio de todas las comunidades.

Participó, además, la representante de la Organización Regional de AIDESEP-Ucayali (ORAU), Iveth Peña Dávila, quien enfatizó el hecho de que los pueblos indígenas no se oponen al desarrollo, pero exigen diálogo y respeto.

SUSTENTACIONES

En otro punto de agenda, la congresista Ruth Luque Ibarra (BDP) sustentó el Proyecto de Ley 6803/2023-CR, Ley para el fortalecimiento del régimen de responsabilidad ambiental.

Luego, el parlamentario Elvis Vergara Mendoza (AP) sustentó el Proyecto de Ley 8606/2024-CR, Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la emergencia ambiental, conservación, limpieza y protección de la laguna de Yarinacocha, en el distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

AUDIENCIA PÚBLICA

Finalizada la primera sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, se dio inicio a una tercera audiencia pública para tratar la problemática de las comunidades indígenas en la región Ucayali.

Acompañaron al titular de la comisión, Guillermo Bermejo Rojas (JP-VP), los congresistas Elvis Vergara Mendoza (AP), como titular de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de realizar trabajo en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin drogas (Devida), Roberto Kamiche Morante (APP) y la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Raquel Soto Torres.

Los protagonistas fueron los representantes de diez organizaciones sociales, los mismos que expusieron las intromisiones constantes que viven en sus territorios de parte de organizaciones delictivas, y expresaron una serie de demandas a los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, del Ambiente y del Interior.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL