La Comisión Especial multipartidaria de protección a la infancia en el contexto de la emergencia sanitaria aprobó, por unanimidad, el informe preliminar que recomienda la ampliación del plazo de trabajo por un año más a fin de ejecutar una serie de tareas pendientes a favor de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

La congresista Esmeralda Limachi Quispe (CD-JP), presidenta de ese grupo especial, dijo que, si bien los logros alcanzados son muy potentes, estos no resultan suficientes para alcanzar un nivel óptimo de atención a nuestros niños, niñas y adolescentes, por lo que se requiere mayores acciones articuladas y muy diligentes.

Entre ellas, dijo Limachi, están la reducción de la brecha de nivel de aprendizaje, reducir las brechas de infraestructura, las mismas que suman 111 mil millones de soles, y avanzar en la inmunización contra la COVID-19 de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Además, fortalecer la salud mental y los niveles de vacunación de los niños, niñas y adolescentes, especialmente de la vacunación contra la polio; mejorar la atención de los niños, niñas y adolescentes afectados por el cáncer, entre otras tareas.

“Proponemos la ampliación por un año más de esta comisión especial en vista de que los efectos causados por la pandemia de la COVID-19 fueron altamente dañinos, principalmente en la población de 0 a 18 años, por ser una población muy vulnerable”, indicó Limachi Quispe.

Agregó que estos efectos no se cierran de la noche a la mañana, que es parte de un proceso que incluso va más allá de la finalización de la emergencia sanitaria. Además, se debe considerar que los embates de los desastres naturales recrudecen más los daños causados por la COVID-19.

En otro momento, la Comisión Especial multipartidaria de protección a la infancia en el contexto de la emergencia sanitaria aprobó, por unanimidad, el plan de trabajo ampliado, con el fin de fortalecer su labor y darle un nuevo impulso para el cumplimiento de objetivos.

Limachi detalló que el documento contempla básicamente el fortalecimiento de trabajo articulado y conjunto del Estado, fomentando el valor compartido, la capacidad y calidad del gasto, presupuestos por resultados, la georreferenciación con enfoque territorial, articulación sectorial e intergubernamental, la creación de indicadores de impacto de todos los programas sociales a fin de garantizar el mayor impacto de intervención del Estado en la solución o reducción del problema público para garantizar una niñez y adolescencia saludable con pleno desarrollo.

OFICINA DE COMUNICACIONES