La viceministra de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, Úrsula León Chempén, informó a los miembros de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas los acuerdos arribados con los pescadores artesanales y la agenda de trabajo para los siguientes.

Para el titular de la comisión, Walter Ascona Calderón (APP), se trata de una problemática sustancial para la economía del país, que se hizo protagonista en el marco de una serie de paros gremiales en el último mes, y ante la inminencia de una huelga general.

La viceministra hizo una exposición de los espacios de diálogos con las Organizaciones Pesqueras Artesanales (Ospa) entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, en donde se abordaron temas como la reclasificación de flota artesanal y la defensa de las cinco millas.

También, se trató la formalización de la flota artesanal y el pescador, las cuotas de pesca (jurel, caballa, pota, perico, bonito y macroalgas), la problemática de las sanciones a acuicultores de Bujama, la formalización de la flota, la jubilación, las sanciones y multas, así como otros puntos relevantes.

León Chempén informó que junto a los miembros de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (Fiupap) se ha acordado “participar activamente en el Grupo de Trabajo de Clasificación de la Flota”, y se ha efectuado una “invitación abierta a las diferentes Ospa a comunicarse con Produce con el fin de ser incluidos dentro del proceso”.

Así también, “la Fiupap consolidará las problemáticas por regiones de sus Ospa asociadas, a fin de enviar una agenda regional a Produce para elaborar conjuntamente un cronograma específico de trabajo”. Puesto que “cada región tiene diferentes problemáticas”, y ellos “deben informarnos cómo organizar estas reuniones”.

Además, la Fiupap debe facilitar “la propuesta normativa que remitió a Produce en relación con las cinco millas (piden ampliarlas), a fin de evaluarla y dotarle de respaldo técnico legislativo. La Fiupap será la encargada de elevar su propuesta al Congreso de la República”.

En sus palabras finales, la viceministra señaló que Produce “continuará fomentando los espacios de diálogo y de agenda común por el desarrollo de sector pesquero”.

INTERVENCIONES

El congresista Marco Pichilingue Gómez (FP) mostró su preocupación por la entrega de permisos de pesca a los industriales, pues no hay una compensación igualitaria con los pescadores artesanales. También, cuestionó el hecho de que el Ministerio de Producción se reúna con gremios menores, lo que consideró que va en contra de la unidad gremial.

La legisladora Yessica Apaza Quispe (UPP) expuso sobre la situación de la acuicultura en la región Puno, pidió que el Ejecutivo dicte medidas temporales para asistir a los miles de productores acuícolas en el país, y solicitó la presencia del ministro en la región.

COMERCIO AMBULATORIO

En el inicio de la sesión, el congresista Isaías Pineda Santos (Frepap) sustentó el Proyecto de Ley 6772/2020, que promueve la regulación del comercio ambulatorio, y declara de interés nacional y necesidad pública su ordenamiento a nivel nacional.

La iniciativa busca establecer disposiciones generales que regulen dicha actividad que comercia bienes y/o servicios en espacios públicos, de competencia territorial de los gobiernos locales y provinciales.

De acuerdo con Pineda Santos, “apostamos por la definición de un modelo de política que reconozca la importancia de la economía informal, reduciéndola y regulándola, y que a la vez permita incrementar su productividad, para mejorar las condiciones de trabajo de quienes son parte de ella, y facilitar la transición a una economía y formal”.

Pineda Santos expuso las causas de la informalidad y entre ella señaló la falta de buena gobernanza, el déficit de trabajo, la alta participación del sector primario en la estructura productiva, el elevado costo para cumplir con el marco legal y normativo, las altas barreras de entrada al sector formal y los problemas estructurales sociales y culturales.

Todo esto, sostuvo, “trae como consecuencia la potenciación de actividades de subsistencia de bajo valor agregado arrastra hacia abajo la productividad global de la economía, frena el progreso económico y social del país, alimenta un espiral de baja productividad y pobreza, reduce la capacidad de inversión del Estado en desarrollo, y se dan altos niveles de competencia desleal”.

La norma propuesta consta de diez artículos, dos disposiciones transitorias finales y una disposición complementaria final, en la cual figura que la implementación se efectúa con cargo a los presupuestos de las entidades que resultan involucradas en la aplicación de la presente norma.

OFICINA DE COMUNICACIONES