La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por 21 votos a favor y tres en contra, el informe de ese grupo de trabajo referido a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en varias materias vinculadas a la seguridad ciudadana, en el marco del respeto a las limitaciones establecidas en el artículo 80 de la Constitución.

En efecto, el texto sustitutorio del informe de opinión, solicitado por la Comisión de Constitución y Reglamento, pone énfasis en el hecho de que se autorice el uso de recursos de canon y sobre canon para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana; habilitar la disposición de recursos y gastos de inversión en materia de seguridad ciudadana, infraestructura y equipamiento policial por parte de los gobiernos regionales y locales, en el marco de lo dispuesto por el artículo 80 de la Constitución Política.

Asimismo, el informe concluye que para el caso de delegación de facultades existen limitaciones constitucionales en materias relativas a reforma constitucional, la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República, que deben ser verificadas antes de pronunciarse sobre el fondo de la propuesta legislativa.
De igual manera, que la delegación en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres –Niño global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos, solicitada al Congreso de la República, no pueden implicar delegación en materias que son propias de la ley de presupuesto.

Finalmente, relieva que esta comisión es competente para pronunciarse y absolver las consultas relativas a cuáles son las materias de la Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.

Antes, el presidente de la comisión aceptó el pedido del contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, de reprogramar, para el martes 5 de setiembre, la sustentación el Informe N.° 15828-2023-CG/ECOFI-AF de auditoría a la Cuenta General de la República del ejercicio fiscal 2022.

EL DEBATE

Durante el debate el congresista Roberto Sánchez Palomino (CD-JPP) llamó la atención del bajo porcentaje de ejecución de los gobiernos, ni siquiera el seis por ciento, frente al fenómeno climático. Respecto al canon, planteó la formación de una comisión de seguimiento del gasto que realicen los beneficiarios, en particular con respecto al canon.

El congresista Jorge Marticorena Mendoza (PB) coincidió con ello y se refirió a la devolución de recursos de los gobiernos locales y regionales y, que, en lugar de ello, debería destinarse al reforzamiento de la policía.

Por su parte, Katy Ugarte Mamani (UDP) consideró que el Poder Ejecutivo debe legislar en materia de destrabe de obras y cuidar el gasto público del Estado, en respuesta a las necesidades del pueblo.

El legislador José Luna Gálvez (PP) dijo estar de acuerdo con asesores de la comisión, en el sentido de no abrir la autorización como lo pide el Poder Ejecutivo, porque sería peligroso en contra del control del gasto.

EXPOSICION DE PROYECTOS

Durante la sesión se escuchó la exposición de varios congresistas. La primera fue de Magaly Ruiz Rodríguez (APP), quien hizo conocer el contenido de su PL 5621 que plantea beneficios para proteger a las víctimas indirectas de feminicidio, mujeres que han sobrevivido a la agresión.

El congresista Alex Paredes Gonzales (BMCN) expuso su PL 5745 que propone declarar en emergencia la infraestructura educativa de la educación básica regular alternativa y especial, educación técnica y productiva y superior no universitaria, administrada por los ministerios de Educación, Interior y Defensa.

Lo propio hizo el congresista Alfredo Pariona Sinche (NA) de su propuesta legislativa 5098 que plantea declarar en emergencia económica la región Huancavelica y la disposición de medidas urgentes para su reactivación económica.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL