La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por unanimidad dos importantes dictámenes orientados a fortalecer la gestión municipal y garantizar derechos laborales en la administración pública.

El primer dictamen, recaído en los proyectos de ly 11666/2024-CR, 11594/2024-CR, 11817/2024-CR y 11957/2024-CR, propone incorporar una tercera disposición complementaria final a la Ley 32269, que modificó la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972), con el fin de precisar el marco legal para el reajuste de las dietas de los regidores municipales.

La iniciativa, aprobada con 23 votos a favor, restablece la aplicabilidad de la Ley 32269, resuelve una contradicción normativa y asegura un sistema coherente, equitativo y sostenible para los gobiernos locales. Asimismo, dispone que toda aplicación de recursos esté sujeta a certificación presupuestaria previa, conforme al Decreto Legislativo 1440, evitando que las municipalidades gasten más allá de su capacidad financiera.

Durante el debate, el presidente de la comisión, congresista Alejandro Soto Reyes (APP), precisó que la propuesta no modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, sino que habilita su correcta aplicación. “Se trata de un título habilitante normativo que permitirá ejecutar la Ley 32269, aprobada por este Congreso en su oportunidad”, señaló.

Soto explicó que la norma aprobada anteriormente establecía que la dieta de los regidores equivale al 30 % de la remuneración del alcalde, reajustándose automáticamente cada vez que esta varíe. Sin embargo, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 (Ley 32185) bloqueó su aplicación al prohibir reajustes sin autorización expresa, generando “una inaceptable inseguridad jurídica” en los gobiernos locales.

TRABAJADORES DE CGR

De otro lado, la comisión también aprobó por unanimidad el dictamen recaído en los proyectos de ley 10778/2024-CR, 10868/2024-CR y 10990/2024-CR, que incorpora al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 a los trabajadores de la Contraloría General de la República actualmente bajo el régimen CAS.

La medida busca fortalecer la estabilidad laboral, la eficiencia institucional y la transparencia en la gestión del talento humano, asegurando igualdad de oportunidades y respeto al principio de mérito.

El congresista Alex Paredes Gonzáles (SP) destacó que la iniciativa corrige una desigualdad histórica entre trabajadores de la Contraloría, señalando que la ignorancia sobre la problemática laboral ha llevado a minimizar el impacto humano de estas situaciones, que afectan psicológica, emocional y materialmente a muchos servidores públicos.

Paredes subrayó que el dictamen no genera desorden presupuestal, pues la entidad cuenta con un saldo institucional aproximado de 25 mil millones de soles, recursos que podrían financiar progresivamente la incorporación sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

“Con esta norma, el Congreso está corrigiendo una afectación real y reconociendo derechos laborales respaldados por tratados internacionales suscritos por el Perú desde 1948”, afirmó.

INHIBICIÓN

El grupo de trabajo aprobó inhibirse del predictamen recaído en los proyectos de ley 7634/2023- CR, 8309/2023-CR, 8780/2024-CR, 10740/2024-CR, 11404/2024-CR, 11489/2024-CR, 11914/2024-CR, 12004/2025-CR, 12415/2025-CR y 12416/2025-CR, que proponen crear o convertir a las instituciones de educación superior pedagógica, tecnológica y artística en universidades públicas especializadas, al considerar que las materias reguladas pertenecen al ámbito del sector educación.

De igual forma, se inhibió del predictamen recaído en los proyectos de ley 8130/2023- CR, 11417/2024-CR, 9723/2024-CR 10303/2024-CR, 10957/2024-CR, 11053/2024-CR, 1206/2024- CR, 11371/2024-CR, 11372/2024-CR, 8714/2024-CR, 9491/2024-CR, 11999/2025-CR, 12056/2025-CR, 12323/2025-CR, 12324/2025-CR, 12434/2025-CR y 12700/2025-CR, que proponen la creación de universidades nacionales en los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Puno, Junín, Huancavelica y Lima.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL