Durante la sesión de este martes, la presidenta de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso, Milagros Jáuregui, convocó a representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como del Ministerio Público, para abordar el despido de personal CAS y el déficit presupuestal que amenaza la atención de más de 800 denuncias de abuso sexual infantil en Condorcanqui, Río Santiago y El Cenepa, ubicados en Amazonas.

Por su parte, Azucena Inés Solari Escobedo, coordinadora nacional de las Fiscalías Provinciales Transitorias Corporativas Especializadas en Violencia contra las Mujeres, detalló la estructura operativa en Amazonas. “En Condorcanqui tenemos tres fiscalías”, explicó al describir la cobertura en Huampami y otras zonas de difícil acceso. Asimismo, recordó que en 2025 el Ministerio Público implementó una fiscalía con presupuesto propio mediante el Decreto de Urgencia 005-2025, lo que permitió contratar fiscales provinciales, adjuntos, médicos legistas y psicólogos.

Sin embargo, la fiscal advirtió que en 2026 surgieron limitaciones financieras que afectaron bienes y servicios esenciales. “Tuvimos inconvenientes durante el año 2026”, señaló al precisar que el presupuesto asignado a través de la Unidad Ejecutora 009 – Gerencia Administrativa de Amazonas no cubrió el total de requerimientos logísticos y operativos. Según explicó, las fiscalías requieren inmuebles adecuados, grupos electrógenos por la falta de energía eléctrica y transporte fluvial en zonas donde las lluvias complican el acceso.

En ese contexto, la representante del Ministerio Público sostuvo que la falta de recursos impacta directamente en la operatividad. “El presupuesto involucra bastante en la operatividad de la fiscalía. Los fiscales necesitan asistencia especializada”, indicó, aunque aseguró que la institución asumió los gastos desde enero mientras tramita una demanda adicional ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

A su turno, Liurka Otsuka Salinas, funcionaria del Ministerio de la Mujer, remarcó que la sostenibilidad de los servicios fiscales corresponde al Ministerio Público. No obstante, precisó que su sector articuló reuniones y convocó sesiones del sistema especializado de justicia para prevenir la discontinuidad. “Entre enero y febrero hemos tenido reuniones con el Ministerio Público con el propósito de articular soluciones”, afirmó, y añadió que el 5 de febrero acordaron iniciar el trámite para solicitar recursos ante el Ministerio de Economía y Finanzas con miras a garantizar estabilidad presupuestal permanente.

La ausencia de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas marcó la sesión. Según se informó, dicha cartera alegó no tener competencia directa en la materia presupuestaria específica, al considerar que la formulación y ejecución del gasto corresponde al Ministerio Público.

Frente a ello, Jáuregui resaltó que su participación resultaba fundamental. La legisladora insistió en que el tema sí involucra al sector Economía, dado que la asignación de recursos condiciona la continuidad de los servicios especializados.

Finalmente, la comisión reafirmó su rol de fiscalización y anunció que continuará supervisando las gestiones presupuestarias para evitar que más de 800 procesos por abuso sexual infantil queden paralizados. De esta manera, el grupo parlamentario colocó en agenda la urgencia de asegurar recursos estables para garantizar la protección efectiva de mujeres, niñas y familias en las zonas más vulnerables del país.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL