La Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría, que preside la diputada Paola Martínez Paitán (Renovación Popular), aprobó por mayoría, con 10 votos a favor y 9 en contra, el informe de opinión que declara la viabilidad, en materias específicas, del otorgamiento de las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

El informe responde al pedido formulado por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que solicitó opinión respecto de dos materias: simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria y transformación digital; así como reforma estructural, organización y modernización del Estado y del servicio civil.

“Considero también que nuestra comisión puede dar sus votos a favor de este informe, donde se está opinando que se otorguen las facultades en cuatro materias y en una parcialmente. Solicito a todos, en el ánimo de consenso y de unidad, pensando en el país, y considerando que el Fenómeno El Niño ya es una realidad, que se necesita realmente de nuestro apoyo y nuestra colaboración”, expresó la presidenta del grupo de trabajo, Paola Martínez Paitán.

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

Seguidamente, se presentaron ante la comisión el viceministro de Justicia, Juan Falconí Vargas; el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano Salazar; y la directora ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES), Miriam Burga Sánchez.

Los invitados brindaron un informe sobre el estado situacional y el grado de avance en la adquisición de bloqueadores de celulares para los establecimientos penitenciarios, especificando los penales beneficiarios y el nivel de operatividad del servicio. Asimismo, informaron sobre el balance y estado situacional de la infraestructura penitenciaria, incluidas las obras paralizadas, entre otros temas.

Luego de las exposiciones, la presidenta de la comisión, Paola Martínez Paitán, señaló que se continuará con la fiscalización de la ejecución del contrato de bloqueadores, así como con el seguimiento a la ejecución de las obras de infraestructura del INPE.

“Vamos a realizar también la coordinación con ProInversión para la inclusión de proyectos de infraestructura y otros a favor del INPE. Vamos a hacer seguimiento de las acciones de control que está realizando la Contraloría General de la República respecto de las obras paralizadas y también coordinaremos con el Ministerio de Justicia, a fin de remitir tanto el diagnóstico como la solicitud de presupuesto a la comisión correspondiente, según el pedido que realice el MINJUSDH”, aseguró la legisladora.

DEBATE

A su turno, la diputada Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular) fue firme al calificar como “mafia” lo que sucede dentro de las cárceles del país. En ese sentido, se mostró a favor de construir nuevos establecimientos penitenciarios donde puedan ser recluidos internos que hayan cometido delitos de menor gravedad.

“No se puede colocar a un violador al lado de una persona que tiene cárcel por alimentos, ni a un carterista con una persona que ha degollado a una familia. Esto es lo que sucede en todos los penales. Tiene que haber mayor rigor, un bloqueo general y un control de visitas, porque cada penal es una escuela de alto rendimiento para crear delincuentes”, señaló.

A esta posición se sumó el diputado Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno), quien lamentó el panorama actual de los establecimientos penitenciarios y cuestionó a los gobernantes de los últimos treinta años.

“Por lo que han expuesto, se ha mostrado claramente que es una institución —probablemente con ciertas excepciones— absolutamente corrupta”, manifestó el diputado.
Agregó que esta problemática debe generar gran preocupación y demandó que los gobernantes actúen con mayor decisión.

“Tengo una opinión personal, considero que se deben privatizar las cárceles; los presos deben trabajar para generar sus ingresos, para ellos y sus familias. El Estado viene manteniendo a personas que han cruzado la línea de la ley, habiendo tanta pobreza en nuestro país”, finalizó.

Por su parte, la diputada Auristela Obando Morgan (Fuerza Popular) destacó el grave hacinamiento que existe en los establecimientos penitenciarios, situación que, según señaló, exige medidas urgentes e inmediatas.

“Tengo una gran interrogante: ¿qué pasó con los grilletes? Yo creo que sería una buena medida a emplear, teniendo en cuenta la gran población penitenciaria”, acotó la legisladora.

CREACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO

En otro momento, la comisión aprobó por unanimidad la conformación del grupo de trabajo denominado “Seguimiento y evaluación de la agenda para el fortalecimiento del proceso de descentralización”, a iniciativa del diputado Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular).

“El objetivo es tener una visión más amplia de los problemas prioritarios del proceso de descentralización. El objetivo general será realizar el seguimiento de los principales asuntos pendientes de la agenda para el fortalecimiento de este proceso, con especial atención al desarrollo de la política multisectorial, a fin de identificar prioridades y formular recomendaciones concretas a esta comisión”, sustentó Trujillo Zegarra.

En consecuencia, el grupo de trabajo estará integrado por el diputado proponente, Gilmer Trujillo Zegarra, así como por los legisladores Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular), Flor Meza Rivera (Fuerza Popular), Henry Albañil Carmona (Partido Cívico Obras), Paola Martínez Paitán (Renovación Popular) y Carlos Domínguez Herrera (Fuerza Popular).

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