La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, con el voto dirimente de su presidente Arturo Alegría García (Fuerza Popular), el informe de opinión que respalda parcialmente la solicitud de facultades legislativas formulada por el Poder Ejecutivo mediante la Proposición Legislativa 00098-2026-2031.

La opinión favorable comprende las materias vinculadas con el fortalecimiento de la gestión ambiental, la simplificación administrativa, la certificación ambiental global, la remediación de pasivos ambientales, la transición energética, la diversificación de la matriz y la promoción de energías renovables y del hidrógeno verde.

Durante la sustentación, Alegría García sostuvo que el país necesita procedimientos más eficientes y previsibles, sin que ello signifique reducir la protección de los ecosistemas o los derechos de las comunidades.

“Conservar cuesta; no es gratis”, afirmó al destacar la labor de las familias y organizaciones que protegen áreas naturales como Tingana y Santa Elena, en la región San Martín, pero que enfrentan numerosas dificultades para obtener autorizaciones que les permitan desarrollar actividades sostenibles y generar recursos.

El informe precisa que la simplificación administrativa y la aplicación del enfoque de riesgo no deberán implicar el debilitamiento de los estándares ambientales. También plantea que el Ejecutivo realice un análisis exhaustivo del funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y establezca mecanismos financieros e institucionales que garanticen la remediación suficiente y oportuna de los pasivos ambientales.

Durante el debate, el diputado Harvey Colchado Huamani (Ahora Nación) advirtió sobre los riesgos de aplicar la aprobación automática y el silencio administrativo positivo en procedimientos ambientales.

“La demora de una entidad no puede convertirse automáticamente en una autorización para desarrollar una actividad que podría afectar el agua, la salud y los bosques. No podemos presumir que un proyecto es ambientalmente viable; debemos certificarlo”, manifestó.

Colchado propuso una opinión favorable parcial que excluya expresamente dichos mecanismos y planteó fortalecer la capacidad de evaluación de las instituciones, además de sancionar el incumplimiento de los plazos administrativos.

Por su parte, la diputada Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú) sostuvo que cualquier modificación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) requiere un análisis más profundo, debido a que este sistema no solo facilita inversiones, sino que protege derechos relacionados con la vida, el ambiente y las áreas naturales protegidas.

También solicitó recoger las opiniones técnicas del Indecopi, del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) y del Ministerio de Energía y Minas ante posibles modificaciones en el sector eléctrico. Asimismo, advirtió que cualquier cambio en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre debe considerar los derechos de los pueblos indígenas y el proceso de consulta previa que dio origen a esa norma.

HACIA UNA MATRIZ ENERGÉTICA MÁS LIMPIA

La comisión también respaldó la actualización de la Ley de Concesiones Eléctricas y de la ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica. El propósito es brindar seguridad jurídica, reducir la dependencia de los combustibles fósiles e impulsar una matriz energética limpia, diversificada y descarbonizada, con tarifas competitivas.

No obstante, el informe establece que el Ejecutivo deberá definir previamente la capacidad de transmisión y absorción del sistema eléctrico nacional, cuantificar la inversión requerida en redes, sustentar los esquemas de generación distribuida y determinar su posible impacto en las tarifas de los usuarios, garantizando la continuidad y seguridad del suministro.

La diputada Jessica Guevara Ramírez (Juntos por el Perú) remarcó que la delegación de facultades no constituye un “cheque en blanco” y que las medidas deberán estar acompañadas de fiscalización, supervisión y monitoreo.

PARTICIPACIÓN DE PETROPERÚ

Previamente, el presidente de Petroperú, Oliver Stark, informó sobre el marco normativo y el cronograma para implementar el estándar Euro 6 y comercializar combustibles con hasta 10 ppm de azufre. También explicó la capacidad de producción nacional, la adecuación de la Refinería de Talara y las alternativas de abastecimiento, así como sus efectos ambientales, sanitarios y en el mercado automotor.

Al respecto, el diputado Carlos Yalta (Renovación Popular) advirtió que aún existen dudas sobre qué debe implementarse primero, si es la renovación del parque automotor o la disponibilidad del combustible requerido por los vehículos Euro 6. Además, solicitó a Petroperú precisar si la producción comenzará en 2029 y desde cuándo se computará el plazo para iniciar su comercialización.

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